Las agresiones sufridas por un hombre en una Comisaría de Monteros terminó exponiendo algo más profundo que un episodio de abuso policial
La Justicia tucumana condenó a dos efectivos policiales por haber participado en una detención irregular ocurrida en Monteros tras un accidente de tránsito registrado en marzo de 2023. El fallo no solo puso fin a una causa que parecía destinada al archivo, sino que también volvió a encender las alarmas sobre los abusos de autoridad y los mecanismos de control dentro de las fuerzas de seguridad.
La víctima, Roberto Andrés Marchese, había protagonizado un siniestro vial en la intersección de la ruta nacional 38 y calle Italia. Según determinó la investigación, permaneció en el lugar del hecho y colaboró con los procedimientos policiales. Sin embargo, horas después fue detenido bajo una supuesta contravención que nunca existió.
De acuerdo con la resolución judicial, los policías confeccionaron documentación falsa para justificar la privación de la libertad. El oficial principal William Martínez elaboró un sumario contravencional con información falsa, mientras que el agente Santiago Barrionuevo aportó una declaración testimonial que respaldaba esa versión inventada.
La situación se agravó cuando Marchese fue alojado en un calabozo junto a otros detenidos, donde sufrió agresiones físicas que le provocaron lesiones. Lo ocurrido transformó un procedimiento policial en un caso emblemático de violencia institucional.
El juez Mario Velázquez homologó un acuerdo de juicio abreviado mediante el cual ambos efectivos reconocieron su responsabilidad. Pero además fue más allá del caso puntual y cuestionó duramente la investigación inicial, recordando que el expediente había sido archivado pese a la existencia de pruebas relevantes. También destacó la decisión del fiscal regional Miguel Ángel Varela de reabrir la causa y avanzar hasta llegar a una condena.
Más allá de las responsabilidades individuales, el fallo deja una reflexión de fondo: cuando quienes deben garantizar el cumplimiento de la ley son acusados de vulnerarla, se resiente la confianza ciudadana en las instituciones. La utilización de documentación falsa para justificar una detención y la posterior agresión a una persona bajo custodia representan conductas incompatibles con un Estado de Derecho.
El caso de Monteros vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno, garantizar investigaciones independientes y asegurar que ninguna denuncia contra funcionarios públicos quede archivada sin un análisis exhaustivo. La transparencia y la rendición de cuentas son condiciones indispensables para recuperar y sostener la confianza de la sociedad en las fuerzas de seguridad.
La condena constituye una señal de que los abusos pueden ser investigados y sancionados, pero también un recordatorio de que la vigilancia institucional debe ser permanente para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
