El Senado aprobó ayer el pliego de María Verónica Michelli como vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata. Pero el nombramiento quedó en suspenso: el presidente Javier Milei se arrepintió de haberla postulado y ahora analiza no firmar el decreto que la pone en funciones.
El punto central del debate es si el Presidente puede detener un nombramiento después del aval del Senado, y qué validez tiene hacerlo por un motivo como el parentesco de la candidata con el periodista Hugo Alconada Mon.
El caso
Michelli fue seleccionada por el Consejo de la Magistratura, propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Senado. Con el acuerdo legislativo, el expediente regresa al Poder Ejecutivo. Sin la firma del decreto presidencial y su publicación en el Boletín Oficial, no hay designación efectiva.
La normativa vigente no regula qué sucede si el Presidente se niega a firmar tras el acuerdo. Es un vacío legal que deja la decisión en un terreno de potestades discrecionales y límites constitucionales.
El debate jurídico
Los constitucionalistas coinciden en que el Presidente tiene potestad discrecional para nombrar jueces, pero esa facultad no es absoluta. No puede ejercerse de forma arbitraria o discriminatoria.
Una postura sostiene que el acuerdo del Senado solo habilita al Ejecutivo a nombrar, pero no lo obliga. En ese caso, la candidata no tendría derecho adquirido al cargo hasta la firma del decreto. Podría, sin embargo, reclamar que se defina su situación y no quede en un limbo jurídico.
Otra postura es más terminante: el decreto de nombramiento sería una obligación constitucional, similar a promulgar una ley sancionada por el Congreso. No firmar implicaría incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según esta mirada, con el acuerdo del Senado la designación ya está completa.
El otro eje es la motivación. Excluir a una candidata por ser familiar de un periodista choca contra el artículo 16 de la Constitución que garantiza la igualdad ante la ley y contra la Ley Antidiscriminatoria. El problema es que no existe precedente judicial que haya obligado a un presidente a nombrar a un juez contra su voluntad.
Antecedentes
No es la primera vez que un presidente retrocede después del acuerdo del Senado.
En 2013, un pliego para camarista obtuvo el aval legislativo, pero antes de firmarse el decreto el Ejecutivo ordenó la detención del gremialista Rubén Sobrero como juez subrogante. La designación no avanzó. El caso se resolvió cuando el candidato renunció y el Poder Ejecutivo eligió a otro postulante de la misma terna.
Otro caso es el de una jueza con acuerdo del Senado cuyo ascenso a camarista quedó congelado durante 8 años. El decreto recién se firmó con el cambio de gobierno.
El escenario actual
Si Michelli no renuncia voluntariamente, su situación quedaría indefinida hasta que el Ejecutivo tome una decisión o la Justicia intervenga para fijar un criterio.
El caso abre un interrogante clave para el sistema republicano: hasta qué punto la discrecionalidad presidencial puede usarse sin dar razones, y qué mecanismos tiene un candidato aprobado para evitar quedar en un limbo institucional.
