Lugares emblemáticos abandonados pese a su valor patrimonial. La desidia de los funcionarios municipales y provinciales durante décadas. La única solución que parecen encontrar es cercar la zona con las consecuencias nefastas para el ciudadano. Nada contribuye para atraer a turistas
Por SIN CODIGO
San Miguel de Tucumán convive con un problema que ya dejó de ser estético para transformarse en estructural: el progresivo deterioro de su patrimonio arquitectónico. No se trata solo de edificios antiguos que envejecen, sino de una cadena de abandono que hoy pone en riesgo a peatones, condiciona la circulación y golpea de lleno a la actividad comercial.
La postal se repite en distintos puntos de la ciudad: vallas, cintas de peligro, veredas clausuradas y calles parcialmente inhabilitadas. La respuesta oficial parece haber quedado reducida a una única acción: cercar. Una medida que, lejos de resolver el problema de fondo, lo patea hacia adelante mientras multiplica sus consecuencias.
El caso del histórico casino ubicado en avenida Sarmiento y Maipú, el viejo edificio de la Legislatura sobre la misma avenida, la Comisaría Segunda en calle Buenos Aires al 400, la esquina de San Martín y Maipú, la casona de Mendoza al 200 o el emblemático inmueble de 9 de Julio y General Paz son apenas algunos ejemplos visibles de una lista mucho más extensa. Ni hablar del Teatro San Martín, que en cualquier momento lo cercarán también. Todos comparten un mismo denominador común: años —en muchos casos décadas— sin mantenimiento adecuado ni controles efectivos.
Aquí no hay distinción de responsabilidades. El deterioro alcanza tanto a propiedades privadas como a inmuebles bajo órbita municipal, provincial o nacional. Lo que sí hay es un patrón: la falta de prevención. Las autoridades actúan cuando la grieta ya es inocultable o cuando la mampostería comienza a caer. Recién entonces aparece la reacción inmediata: clausurar, vallar, prohibir el paso.
El problema es que esa “solución” tiene un costo alto y concreto. Tucumán es una ciudad pequeña y densamente poblada, donde cada metro de circulación cuenta. Reducir veredas y calles no solo complica la vida cotidiana de quienes transitan, sino que asfixia a los comercios que dependen del flujo peatonal. Negocios que ven caer sus ventas simplemente porque el cliente ya no puede —o no quiere— pasar por allí.
Así, el abandono edilicio no solo deteriora la identidad urbana, también impacta en la economía local. Y lo hace de manera silenciosa, progresiva, casi naturalizada.
El riesgo es claro: si esta lógica se mantiene, San Miguel de Tucumán corre el peligro de transformarse en una ciudad cercada, fragmentada, donde caminar o circular sea cada vez más difícil y donde el patrimonio, en lugar de preservarse, termine desapareciendo detrás de vallas metálicas.
La salida no pasa por más cercos, sino por más gestión. Es urgente que el municipio y la provincia impulsen un plan integral de relevamiento, control y recuperación de edificios en riesgo. Un programa que no solo identifique los inmuebles críticos, sino que obligue a sus propietarios a mantenerlos y establezca mecanismos de intervención temprana.
Prevenir siempre será más barato —y más humano— que reaccionar tarde. Porque cuando el patrimonio se cae, no solo se pierden paredes: se pierde historia, identidad y, en este caso, también calidad de vida.
