El “círculo vicioso” del transporte público vuelve a poner en jaque a los usuarios
Por FACUNDO VERGARA
El conflicto entre Estado y empresarios del transporte público es otra de las tantas cosas que llevan años repitiéndose en Tucumán. Por más que cambien los nombres, las gestiones y los montos, el resultado es un sistema deteriorado sostenido artificialmente por subsidios, con el usuario atrapado en medio de una puja de intereses y poder entre ambos sectores.
La historia del transporte tucumano, la del “bondi” más precisamente, nos devuelve una secuencia de crisis cíclicas. Desde hace años, el esquema funciona bajo un modelo turbio donde empresas privadas dependen de las transferencias estatales para sostener la operatividad del servicio, con un servicio que generalmente deja mucho que desear.
En nuestra provincia vemos que cuando los recursos escasean o se demoran, el sistema entra en tensión, con todo lo que ello implica: reclamos y acusaciones cruzadas, frecuencias que se reducen, amenazas de paralización parcial o total y, claro está, otra vez el usuario en el medio despojado de la posibilidad de acceder a un servicio con estándares mínimos de calidad.
En estos días, el ciclo volvió a activarse en el marco de una combinación de aumento de costos del combustible y la reducción o eliminación de subsidios nacionales, lo que puso en alerta a los empresarios del sector. Y así, en este repetido escenario, la respuesta estatal no mostró una postura firme. Por un lado anunció soluciones de emergencia con anticipos millonarios para prevenir el colapso del sistema, mientras que por otro, manifestó no estar dispuesto a incrementar indefinidamente el flujo de subsidios.
Pero hay más. Siempre hay más. El reciente allanamiento a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), que se materializó en el marco de una causa por presuntas irregularidades, expuso lo oscuro que suele ser el manejo de los recursos públicos. Y esto no es un hecho aislado, es otra demostración manifiesta de un modelo donde el control es débil, ya sea por acción u omisión de quienes deben llevar a cabo el rol de contralor de la cosa pública.
El problema de fondo es que el sistema no está diseñado para funcionar eficientemente, sino para sobrevivir mediante un mecanismo de “tira y afloje” entre el Estado y los prestadores de servicios públicos. Es un “círculo vicioso” que ya conocemos. Cuando caen los ingresos, se recorta el servicio. A menor frecuencia, más usuarios afectados; lo que lleva a que disminuya la cantidad de pasajeros y se “justifique” la aplicación de nuevos recortes. Durante esta semana diversos medios se hicieron eco de la discusión respecto a racionalizar recorridos, fusionar líneas o reducir kilómetros para abaratar costos ¿Y el usuario? Bien gracias.
Entonces, cabe preguntarnos si tiene sentido seguir manteniendo un sistema que no cumple eficiente y eficazmente su razón de ser. Y el “palo” va para ambos sectores: gobierno y empresarios.
El esquema actual, con empresas privadas subsidiadas y reguladas de manera discrecional demostró ser incapaz de dar soluciones a las demandas del usuario del transporte público. No genera sana competencia, no incentiva la innovación y no mejora la calidad del servicio. Todo lo contrario, consolida un sistema cerrado donde los actores se disputan recursos escasos sin rendir cuentas claras. Frente a esto, insistir con los subsidios es seguir alimentando el “círculo vicioso”.
Es oportuno recordar la frase popularmente atribuida a Albert Eistein: “es de necios pretender obtener resultados distintos haciendo lo mismo”. En tal sentido, tal vez haya que pensar dejar caer al sistema tal como existe hoy para dar espacio al surgimiento de nuevas alternativas. Sí, hablo de que el Estado se haga a un lado –en sentido figurado- y deje que el mercado encuentre la solución. No me refiero a que los entes de control desaparezcan por completo, considero indispensable que acompañen funcionalmente a las demandas sociales.
Hoy es necesario que el sector público haga un mea culpa y acepte su fracaso. También, que deje de pensar al manejo de los recursos públicos como medio para hacer política. Hoy es necesario tomar una decisión orientada a abrir el mercado a nuevas alternativas y tecnologías de movilidad y a esquemas de transporte flexible.
La competencia puede aportar soluciones más eficientes ante un sistema que llegó a sus límites. Se trata de reconocer que el Estado ha fallado en su función reguladora y que el esquema vigente ya no es sostenible. “Abrir la cancha” puede incentivar el surgimiento de nuevas y mejores alternativas. Por supuesto, siempre y cuando institucionalmente el Estado se adecue a las circunstancias y deje de seguir insistiendo con lo mismo.
