No es la lluvia la que mata. Es la decisión (política) sostenida en el tiempo de no hacer nada
Por Facundo Vergara
¿Otra vez sopa de arroz? Parece mentira pero es lamentable. En Tucumán la escena se repite con una frecuencia alarmante y absurda a la vez. Las lluvias registradas en este período estival, por más que hayan superado los niveles habituales, nos grafica una falencia de la infraestructura tanto urbana como rural: calles y caminos vecinales convertidos en ríos, autos arrastrados por la corriente, familias evacuadas y, lo más condenable, que otra vez se registraron víctimas fatales.
Esta columna deja de ser original dado que muchas líneas se han escrito al respecto. Hablar de “temporal” o de “fenómeno climático excepcional” es un vano intento de desviar la atención hacia otro lugar; un lugar que la política trata de solapar con medidas y anuncios reactivos para escudarse ante la falta de previsión y gestión. En Tucumán lo que ocurrió no fue solo una tragedia climática, sobre todo fue –y lo es– una tragedia política. Si bien el factor climático puede ser extraordinario e incierto, sus consecuencias pueden ser previsibles.
En los últimos días, la provincia volvió a quedar bajo el agua tras precipitaciones que superaron los 200 milímetros en pocas horas, con picos aún mayores en algunas zonas. El saldo, esta vez, fue de tres personas fallecidas, barrios enteros anegados, escuelas cerradas y caminos rurales destruidos. La familiaridad de la escena es un factor preocupante, y es ahí donde radica el problema de fondo: lo que debería ser excepcional se volvió rutina. En tal sentido es oportuno hacer referencia a la reciente nota escrita por el colega periodista Federico Turpe, quien nos puso en autos acerca de que las inundaciones vienen desnudando desde hace más de un siglo una falencia estructural.
Leyes que intentan mitigar las consecuencias, las hay; y estudios sobran, como sobran los anuncios de los gobernantes de turno. Lo que sí falta –y mucho— es que todo eso se traduzca en obras concretas. Lo que Turpe refrescó como evidencia, es que durante más de 130 años la provincia produjo normas, diagnósticos técnicos y proyectos para contrarrestar el impacto de las crecidas. Sin embargo, muchos de esos esfuerzos terminaron archivados, y mientras, el problema persiste.
Desde hace tiempo dejamos de estar frente a una emergencia inesperada; estamos frente a un fracaso que se sostiene en el tiempo. Nuestros gobernantes recurrentemente desvían la atención y atribuyen las fatalidades a la naturaleza. Hacen referencia al cambio climático, a eventos extremos, pero ese argumento pierde fuerza cuando se observa que los mismos diagnósticos se repiten desde hace décadas sin que haya una respuesta de cambio estructural. Cuando el problema se repite durante generaciones y aun así no se resuelve, deja de ser un fenómeno natural para convertirse en una falta de decisión política.
Nuestra provincia arrastra un déficit histórico en infraestructura adecuada para hacer frente a lo que año a año anticipamos que está por venir. Faltan sistemas de drenaje. Vemos cuencas mal gestionadas, expansión urbana sobre zonas vulnerables y mantenimiento precario. Vemos en la práctica acciones de reacción, no de previsión. El resultado es un mecanismo gubernamental que asiste, pero no protege. Los diversos medios de comunicación nos informan que se activan comités de emergencia, que se distribuye ayuda y se anuncian planes. Pero cuando el agua baja, también baja la urgencia. Lo que queda —otra vez— son promesas, estudios y leyes que no logran evitar que la próxima lluvia nos devuelva otra tragedia.
La discusión política, sin embargo, parece ajena, parece ir por otro carril. Somos testigos de cruces de declaraciones, disputas por responsabilidades y tensiones entre provincia y nación en torno al financiamiento de obras. En ese juego, la ciudadanía queda en el medio, expuesta y vulnerable, esperando respuestas que llevan más de un siglo demoradas. No es la lluvia la que mata. Es la decisión sostenida en el tiempo de no hacer nada.
