Hace unos días salió a la luz que algunos políticos vinculados a La Libertad Avanza -funcionarios o legisladores- recibieron un crédito hipotecario. ¿Dónde está el delito?, y en el caso de que exista será la Justicia la que dictaminará, no los medios de comunicación. La campaña de desprestigio hacia la Administración de Javier Milei está en su momento más álgido
Por SIN CODIGO
Un breve resumen para entender la situación:
- Registros públicos del BCRA, procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, muestran que al menos 9 funcionarios y diputados de LLA accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por hasta $ 400 millones.
- La oposición, a través de un pedido de informes de Esteban Paulón (diputado por el Partido Socialista y referente de la Comunidad LGBT), busca determinar si hubo irregularidades, como condiciones preferenciales, excepciones a las normas o evaluaciones de riesgo desfavorables.
- Los funcionarios sostienen que los créditos son líneas en UVA abiertas a cualquier persona que califique y que no hubo discrecionalidad ni excepciones. El Banco Nación aclaró que el proceso para acceder a esos préstamos es “homogéneo, sin excepciones”.
Qué muestran los registros
Según la información difundida, al menos 9 funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo accedieron a créditos del BNA por montos que, en conjunto, superan los $2.500 millones.
Entre ellos figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos USD 315.000) desde febrero de 2025; y Federico Furiase, ex director del BCRA y actual secretario de Finanzas, con una deuda de $367.059.000 (USD 280.787) desde agosto de 2025.
También aparecen Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital, que tiene un crédito por $112.948.000 (USD 76.417); y Emiliano Mongilardi, director de YPF, por $309.507.000 (USD 207.766). Por su parte, los diputados de LLA, Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, mantienen deudas que oscilan entre los $230 millones y los $279 millones, según los distintos períodos relevados.
La respuesta de los funcionarios
Los dirigentes mencionados rechazaron haber recibido beneficios indebidos. El diputado Mariano Campero, diputado por Tucumán y del bloque LLA, sostuvo que “no se trató de un crédito discrecional ni excepcional, sino de una línea hipotecaria en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo) abierta a cualquier ciudadano argentino que califique”, y que la información es pública y verificable.
El diputado Alejandro Bongiovanni (LLA) firmó que tomó una deuda en “condiciones generales” y negó irregularidades. “Es falso que tomé una deuda hipotecaria con tasas o plazos ‘diferentes’ o ‘preferenciales’ a las generales. Fueron las condiciones de ese momento, mediados del año pasado (4,5 tasa) para TODOS los que cobran haberes en el banco. Es un crédito en UVAs atado a la inflación mensual”, explicó.
Qué dijo el Banco Nación
Por su parte, el Banco de la Nación Argentina publicó un mensaje institucional en el que destacó su rol en el mercado hipotecario. “Nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina los otorga” la entidad, señaló, que informó haber concedido más de 27 mil préstamos desde el lanzamiento de su línea. El banco remarcó que el proceso es “homogéneo, sin excepciones” y con circuitos digitalizados que permiten escriturar en apenas 30 días.
El BNA cuenta, además, con líneas específicas para empleados del sector público, como “+Hogares sector público”, que permite financiar hasta el 90% del valor del inmueble, frente al 75% que cubre la línea general. En la entidad plantearon que muchos funcionarios y empleados pidieron créditos bajo esas condiciones, pero siempre respetando el scoring crediticio.
Instalar desde la oposición o medios pautados una situación irregular e ilegal
El eje de la discusión gira en torno a si estos préstamos constituyen un hecho irregular o si se trata de operaciones habituales dentro del sistema financiero.
En términos técnicos, los créditos hipotecarios se adjudican en función de parámetros objetivos: ingresos declarados, historial crediticio, capacidad de pago y nivel patrimonial del solicitante. Bajo estas condiciones, cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos establecidos por la entidad bancaria puede acceder a este tipo de financiamiento.
En ese marco, no existe delito en la obtención de un crédito si el mismo fue otorgado conforme a las normas vigentes y si el beneficiario cumple con las obligaciones de pago. La eventual irregularidad surgiría únicamente si se comprobara la existencia de privilegios indebidos, falsificación de datos, trato preferencial o incumplimientos deliberados.
Un punto que suele quedar fuera del debate es que los funcionarios públicos, independientemente del signo político, suelen tener ingresos y patrimonios superiores al promedio de la población, lo que naturalmente amplía su acceso a líneas de crédito de mayor volumen.
Sin embargo, desde distintos sectores mediáticos y políticos se busca instalar la sospecha de corrupción en torno a estos casos, en un contexto de fuerte disputa narrativa. Para algunos, se trata de un intento por erosionar la imagen del oficialismo; para otros, de una legítima tarea de control público.
Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, la única instancia habilitada para determinar la existencia de delito es la Justicia. Hasta tanto no haya una resolución judicial, las acusaciones se mantienen en el terreno de la discusión política y mediática.
