Los concejales del Municipio de Yerba Buena parecen haner entrado en modo interna, acusándose unos a otros. Primero a concejal Gabriela Garolera (PJ) acusó formalmente a su par Walter “Kabuby” Aráoz (PJ) de haberla increpado con una actitud intimidante y malos tratos durante una reunión de Labor Parlamentaria. Ahora, la señalada es la propia Garolera por sus pares
Uno de los Municipios con residentes de mayor poder adquisitivo de la provincia, pero quizás, uno de los peor administrados y con deudas pendientes a la ciudadanía, es noticia por un clima hostil entre los propios concejales.
Un fuerte conflicto interno sacude al Concejo Deliberante de Yerba Buena, provincia de Tucumán, luego de que un grupo de concejales denunciara formalmente situaciones de maltrato, insultos y amenazas durante una reunión de labor parlamentaria.
Según consta en la nota presentada este miércoles, 25 de marzo de 2026, los ediles relataron que el pasado 20 de marzo, en la sala de sesiones, no pudieron desarrollar con normalidad sus funciones debido a un clima de tensión generado por el accionar de una concejal: Walter “Kabuby” Aráoz (PJ).
De acuerdo al escrito, la concejal Gabriela Garolera -también peronista- habría protagonizado episodios de gritos, agravios e intimidaciones, impidiendo el debate y el consenso sobre los temas previstos en la agenda legislativa. Los denunciantes aseguran que existió una actitud “amedrentadora”, con señalamientos y expresiones que buscaron imponer posiciones de manera autoritaria.
“La reunión no pudo realizarse como corresponde debido a maltratos, gritos e insultos”, señala el documento, en el que además se advierte sobre la imposibilidad de debatir ideas y ejercer plenamente la función para la cual fueron elegidos por los ciudadanos.
Antecedentes y reiteración de conductas
El planteo no se limita a un hecho aislado. En la presentación se menciona que situaciones similares ya habrían ocurrido anteriormente, involucrando a otros concejales como Apud Filippin, Araoz y Decoud Griet, quienes también habrían sido objeto de agravios.
Los ediles remarcan que este tipo de conductas generan un clima de violencia institucional incompatible con el funcionamiento de un cuerpo deliberativo.
Preocupación por el funcionamiento democrático
En el documento, los concejales advierten que la reiteración de estos episodios pone en riesgo el normal desarrollo de la actividad legislativa y afecta principios básicos como la libertad de expresión, el respeto y la convivencia democrática.
“Es inadmisible que en un órgano deliberativo no podamos opinar y seamos silenciados mediante violencia y amenazas por pensar distinto”, sostienen.
El planteo fue elevado al presidente del cuerpo, Javier Jantus, con el objetivo de que se tomen medidas que garanticen el normal funcionamiento del Concejo y eviten nuevos episodios de conflicto. La nota es firmada por las concejales María de Lourdes Decout Griet y María Mercedes Moraiz.
El antecedente del 20 de marzo pasado
La concejal Gabriela Garolera había acusado formalmente a su par Walter “Kabuby” Aráoz de haberla increpado con una actitud intimidante y malos tratos durante una reunión de Labor Parlamentaria.
Según la denuncia, el episodio ocurrió cuando Aráoz se presentó en la sala antes de finalizar el encuentro y protagonizó un cruce que, de acuerdo al relato de la edil, incluyó hostigamiento verbal.
El trasfondo político del conflicto
De acuerdo a la presentación, el detonante habría sido un proyecto impulsado por Garolera que propone la implementación de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos, una iniciativa que habría generado fuerte rechazo en el ámbito legislativo local. 
La concejal señaló que no se trataría de un hecho aislado, sino que existirían antecedentes de situaciones similares ocurridas en 2025, lo que motivó que solicitara la intervención con perspectiva de género y medidas de protección.
Entre los pedidos, requirió el cese de conductas intimidatorias, restricciones de acercamiento y garantías de seguridad en el recinto deliberativo.
Negativa, contraataque y judicialización
Desde la otra vereda, Aráoz negó categóricamente los hechos y calificó la acusación como falsa. Aseguró que no existió contacto alguno con la denunciante durante la reunión y adelantó que avanzará con una contra denuncia.
El edil también anticipó que llevará el conflicto hasta las últimas instancias judiciales e incluso deslizó la posibilidad de pedir la expulsión de Garolera del cuerpo deliberativo.
Un Concejo atravesado por la tensión
Con ambas partes firmes en sus posicionamientos, el conflicto ya trascendió lo político para instalarse en el plano judicial, profundizando la crisis institucional dentro del Concejo Deliberante.
El caso vuelve a poner en el centro de la escena el funcionamiento del órgano legislativo municipal, que en los últimos tiempos ha estado marcado por disputas internas, denuncias cruzadas y dificultades para sostener un clima de diálogo.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar la veracidad de los hechos en un escenario donde la política local suma un nuevo capítulo de alta conflictividad.
