La CONADU y otros gremios docentes confirmaron la parálisis total de las facultades para finales de marzo y abril. Denuncian una pérdida del poder adquisitivo superior al 50% y rechazan la oferta oficial de aumento en cuotas
Tras cumplirse una semana de huelga, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), junto a la FATUN y otras organizaciones del sector, anunciaron la profundización de su plan de lucha con la ratificación de dos nuevas medidas de fuerza de alcance nacional.
La suspensión de las actividades, académicas y administrativas, responde a la falta de respuestas gubernamentales a los requerimientos de los docentes, ante la crisis presupuestaria que atraviesan las casas de estudio.
Según lo definido en el último congreso gremial, las fechas confirmadas para el cese de tareas son:
- Del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril: Paro total de actividades durante toda la semana.
- Del lunes 27 de abril al viernes 1 de mayo: Segunda semana consecutiva de huelga nacional.
Asimismo, los sindicatos advirtieron que activarán paros inmediatos en caso de que el Congreso intente avanzar con reformas que modifiquen la actual Ley de Financiamiento Universitario.
El malestar docente se sustenta en dos pilares críticos. Por un lado, exigen el cumplimiento de la Ley vigente que obliga al Estado a convocar a paritarias y asegurar que los sueldos se actualicen al ritmo de la inflación. Por otro, denuncian un deterioro histórico en sus ingresos.
De acuerdo con las cifras presentadas por los gremios, entre los años 2024 y 2025, el personal universitario sufrió una caída salarial cercana al 51%. Ante este panorama, el sector rechazó de plano la última propuesta del Gobierno.
El ofrecimiento oficial consiste en un incremento del 12% distribuido en cuotas que se extenderían hasta octubre de 2026, una cifra que los representantes de los trabajadores consideran insuficiente frente al incremento de precios acumulado.
La medida no solo afecta el dictado de clases de miles de alumnos en todo el país, sino que también paraliza las tareas de investigación y extensión. Los gremios aseguran que la continuidad del plan de lucha está garantizada durante todo el semestre si no aparece una recomposición urgente que frene el desfinanciamiento del sistema público.
