Este 24 de marzo se cumplen cinco décadas del inicio de una de las etapas más dolorosas y trágicas de la historia argentina: el Golpe de Estado en Argentina de 1976, que dio comienzo a una dictadura marcada por el terrorismo de Estado, la persecución política y la desaparición de miles de personas
Por SIN CODIGO
El golpe contra un Gobierno Constitucional se concretó en la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a la entonces presidente, María Estela Martínez de Perón. Su Gobierno atravesaba una profunda crisis política, económica y social, en un clima de creciente violencia.
La asonada militar fue encabezada por los comandantes de las tres fuerzas: el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier Orlando Ramón Agosti, quienes conformaron la Primera Junta Militar. Videla asumió como Presidente de Facto, iniciando el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
Durante esos años, el país quedó sumido en un sistema represivo clandestino. Se estima que hubo alrededor de 30.000 desaparecidos, miles de presos políticos, centros clandestinos de detención y tortura, y una generación entera marcada por el miedo, el silencio y el exilio. Familias enteras debieron huir del país, mientras otras aún hoy buscan a sus seres queridos.
Uno de los debates históricos que persisten es el rol que jugaron distintos sectores de la sociedad en el contexto previo al golpe. Diversos estudios e investigaciones coinciden en que sectores del poder económico, parte del arco político e incluso miembros de la Iglesia tuvieron actitudes que, en algunos casos, facilitaron o legitimaron la irrupción militar. Sin embargo, también hubo voces dentro de esos mismos ámbitos que resistieron y denunciaron las violaciones a los derechos humanos, muchas veces pagando un alto precio por ello.
La dictadura se extendió hasta 1983, dejando una profunda herida en la sociedad argentina. El retorno de la democracia llegó con el triunfo de Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, quien asumió la presidencia el 10 de diciembre de ese año, marcando el inicio de una nueva etapa institucional basada en el respeto por la Constitución y los derechos humanos.
Desde entonces, cada Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se convierte en una jornada de reflexión colectiva. No se trata solo de recordar el pasado, sino de mantener viva la memoria para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
A medio siglo de aquel quiebre institucional, el desafío sigue siendo transmitir a las nuevas generaciones lo que significó vivir bajo una dictadura: la pérdida de libertades, el miedo cotidiano, la censura, la persecución y la violencia sistemática desde el Estado.
La enseñanza es clara y contundente: la democracia, con todas sus imperfecciones, es el único camino posible. La memoria no es un ejercicio del pasado, sino una herramienta del presente y del futuro. Recordar es también una forma de construir una sociedad más justa, más consciente y, sobre todo, más libre.
