El pedido fue presentado por la diputada Lilia Lemoine ante la Cámara de Diputados. Busca que se estudien las acciones judiciales contra el legislador, quien rechazó las acusaciones
La diputada nacional, Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que se analicen sanciones disciplinarias y el eventual desafuero del legislador tucumano Carlos Aníbal Cisneros, de Unión por la Patria, luego de que la Justicia Federal solicitara su declaración indagatoria en una causa por presunta trata de personas.
La iniciativa requiere que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate con urgencia la situación de Cisneros, invocando el Artículo 66 de la Constitución Nacional, a partir del avance de la investigación judicial que involucra al dirigente sindical.
El pedido insta a que la Comisión evalúe eventuales sanciones disciplinarias y/o el desafuero del legislador, para que pueda quedar a disposición de la Justicia si el proceso avanza. Según los fundamentos del proyecto, la solicitud se apoya en la información pública sobre la investigación penal en la que el Fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó la citación a declaración indagatoria de Cisneros.
El documento indica que el Juzgado Federal, a cargo del magistrado Guillermo Andrés Díaz Martínez, notificó a la Cámara de Diputados sobre la situación procesal del legislador, en virtud de las inmunidades parlamentarias que protegen a los miembros del Congreso. Este procedimiento se aplica habitualmente cuando una causa judicial involucra a un legislador nacional, ya que los fueros parlamentarios obligan a informar al Congreso sobre determinadas medidas.
La diputada Lemoine pidió a la Comisión de Asuntos Constitucionales que analice con urgencia el expediente judicial que involucra a Carlos Cisneros y determine si corresponde avanzar con el desafuero. El proyecto sostiene que, conforme al régimen de inmunidades parlamentarias previsto en la Constitución, los fueros no son privilegios personales sino garantías institucionales para el funcionamiento del Congreso. Por ello, cuando la Justicia solicita medidas limitadas por las inmunidades, corresponde que la Cámara evalúe permitir el avance del proceso judicial. El texto enfatiza que el sistema de inmunidades no debe impedir investigaciones judiciales y que un tratamiento rápido del caso contribuiría a resguardar el prestigio institucional de la Cámara de Diputados y la confianza pública en sus integrantes.
El origen de la causa
La investigación que involucra a Cisneros deriva del denominado Caso Vélez, surgido a partir de la denuncia de una joven por presunta violación grupal contra futbolistas del Club Vélez Sarsfield. En ese expediente, se investigó un supuesto abuso sexual en un hotel de Tucumán, pero los jugadores denunciados fueron finalmente sobreseídos, decisión cuestionada por la denunciante y por sectores que la acompañaban.
A partir de derivaciones de ese caso, la Justicia Federal comenzó a indagar posibles delitos vinculados con trata de personas y manipulación de la víctima, lo que dio origen a una nueva investigación. En ese contexto surgió la línea que involucra al legislador tucumano y a otras personas que habrían participado institucionalmente en el acompañamiento de la denunciante. El expediente derivó en el pedido de declaración indagatoria de Cisneros, lo que motivó la notificación oficial a la Cámara de Diputados.
El avance de la causa provocó repercusiones en el Congreso, donde legisladores del oficialismo solicitaron analizar la situación institucional de Cisneros. La iniciativa de Lemoine busca que el caso sea tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado libertario Nicolás Mayoraz, quien deberá evaluar si corresponde avanzar con el proceso de desafuero. Este procedimiento requiere que la comisión emita un dictamen que luego debe ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados; la decisión final corresponde al pleno.
El caso también generó pronunciamientos dentro del oficialismo. La diputada libertaria Silvana Giudici planteó que el Congreso debe analizar el pedido judicial y avanzar con el tratamiento del expediente. Giudici sostuvo que la Cámara tiene la responsabilidad institucional de evaluar la situación del legislador ante la gravedad de los hechos investigados y que el Parlamento debe garantizar que la investigación judicial se realice sin obstáculos.
Con información de Facundo Chaves
