El BCRA aplicó una sanción de $108 millones y dispuso el cese de operaciones de intermediación financiera tras detectar irregularidades
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sancionó a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán (CPA) con una multa de $108 millones, y ordenó el cese inmediato de operaciones de intermediación financiera, luego de detectar irregularidades en el funcionamiento de la entidad.
La medida se desprende del sumario financiero N°1558, donde el organismo nacional concluyó que la institución provincial realizó operaciones sin cumplir con las normas establecidas en la Ley de Entidades Financieras.
Según la investigación, la Caja no separaba contablemente los recursos propios de los depósitos captados del público, lo que impidió determinar con precisión el origen de los fondos utilizados para otorgar préstamos.
El BCRA calificó esta situación como una infracción de gravedad “muy alta”, al considerar que afecta directamente la política monetaria y crediticia del país.
Multa firme tras fallida estrategia judicial
A partir de esas conclusiones, el organismo nacional dictó la Resolución N° 425/23, que dispuso el cese definitivo de la intermediación financiera y aplicó una sanción económica de $108 millones.
La entidad provincial intentó apelar la decisión, pero la Cámara Federal declaró la caducidad de la instancia debido a la inacción de los apoderados legales de la Caja, lo que dejó firme la multa.
Finalmente, en marzo de 2024, la institución realizó el pago de la sanción, argumentando que se trató de un “esfuerzo extraordinario” para no comprometer su estructura financiera.
El Tribunal de Cuentas exige explicaciones
Tras el pago, el Tribunal de Cuentas de Tucumán intervino mediante el Acuerdo N°195, en el que solicita a la Caja Popular explicaciones sobre la procedencia de los fondos utilizados para cancelar la multa.
El organismo de control también exige que la institución presente un plan de adecuación a la Ley de Entidades Financieras, ya que el plazo para regularizar su situación venció en diciembre de 2024, sin avances concretos.
El documento fue firmado por los vocales Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal.
Cambios en la conducción de la entidad
En medio de este escenario, a comienzos de este año se produjo un cambio en la conducción de la Caja Popular.
El entonces interventor José Díaz fue removido de su cargo en enero y reemplazado por Guillermo Norry.
Ahora, el organismo deberá responder a los requerimientos del Tribunal de Cuentas y definir cómo se adecuará a la normativa nacional, mientras continúan las investigaciones sobre el manejo financiero de la institución provincial.
