Se trata de Walter Bento, de Mendoza, quien lideraba una banda que cobraba coimas. Además, deberá pagar una multa de $540 millones; la sentencia alcanza a su familia
El Tribunal que había condenado, el martes, por corrupción al ex Juez Federal mendocino, Walter Bento, dispuso este viernes las penas correspondientes.
Así, determinó que el ex magistrado deberá cumplir una pena de 18 años de cárcel por ser el Jefe de una Banda que cobraba coimas para beneficiar a presos. Además, tendrá que pagar una multa de $540 millones . En tanto, su esposa, Marta Boiza, y su hijo Nahuel fueron condenados a seis y cinco años de prisión, respectivamente.
Bento tomó la palabra. “Es una causa trágica, que ha mellado no sólo a quienes estamos imputados sino a quienes integran el núcleo familiar de cada uno. No tenga nada más para decir. Como confío en la Justicia, voy a seguir luchando; no voy a bajar los brazos”, fue la última frase del exmagistrado en el banquillo, para darle lugar a su mujer, conectada vía zoom.
“No voy a hacer uso de las palabras”, señaló Boiza. Minutos antes, lo hizo su hijo, Nahuel. “Este proceso, todo lo que involucra, ha arruinado mi vida. Permítanme rehacerla. Simplemente eso”, expuso el joven.
El Tribunal comprobó que se cometieron los delitos de asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros. “Hubo corrupción judicial. Bento utilizó su cargo de Juez como plataforma para la obtención y legitimación de beneficios ilícitos”, sostuvo el tribunal en el anticipo de los fundamentos.
Ahora, la defensa tomará el camino de las apelaciones al fallo en las instancias superiores, confiada en que se revertirá la decisión de las tres juezas, que fueron implacables con la red de corrupción que se montó en el Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de Mendoza.
El ex Juez, quien se encuentra detenido desde fines de 2023 en el penal de Cacheuta, fue acusado de comandar una asociación ilícita junto a familiares, abogados, un exjefe policial y un supuesto socio que fue asesinado en 2020, entre otros miembros. A todos se los acusó de haber obtenido pagos ilegales de presos de delitos graves, como narcotráfico y contrabando, a cambio de beneficios en sus expedientes, ya sean arrestos domiciliarios o libertades.
La defensa aseguró que se trató de una causa armada por cuestiones políticas y no descansó en pedir nulidades durante todo el proceso, al tiempo que adelantó que recurrirá la decisión en la Cámara de Casación o en la Corte Suprema, de ser necesario.
En tanto, el clan familiar enfrentó la acusación de haberse enriquecido y lavar dinero procedente de los sobornos, con los que realizó cientos de viajes, compró inmuebles y vehículos, además de realizar inversiones.
Con información de Pablo Mannino
