El Poder Ejecutivo aspira a reordenar la normativa con la posibilidad de que los jueces puedan autorizar la hospitalización de pacientes en ciertos casos
El Gobierno Nacional diseña la hoja de ruta legislativa para el 2026 que incluye la determinación de implementar cambios en la actual Ley de Salud Mental, lo que -argumentan- atendería un reclamo clave que las familias de pacientes, profesionales y de las Fuerzas de Seguridad.
La idea es enviar un proyecto que contemple la modificación de algunos puntos de la Ley durante el período de sesiones ordinarias, que inicia el 1° de marzo, en especial sobre el artículo que habilita las internaciones involuntarias para que, en determinados casos, los jueces puedan autorizar la hospitalización.
Se trata de un pedido que mayormente levantaron los familiares desde la sanción de la Ley N°26.657 de Salud Mental y Adicciones, que fue promulgada en diciembre de 2010 y reglamentada en 2013, pero que desde su puesta a punto generó polémica por su aplicación. Lo cierto es que el espíritu original de antimanicomialización, que busca preservar los derechos de los pacientes en el sistema de salud, encontró limitaciones en la práctica ante la ausencia de dispositivos necesarios para su correcta aplicación.
A raíz de esa situación, desde el Poder Ejecutivo tienen intenciones de insistir, a través del Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, en los cambios para avanzar en la creación de centros especializados y en la posibilidad de autorizar la internación de determinados pacientes a través de la intervención judicial.
No es la primera vez que la administración libertaria intenta implementar estas modificaciones que estuvieron contempladas en el proyecto original de la Ley Bases, pero que finalmente quedaron afuera de la sanción definitiva de la que supo ser presentada como la Mega Ley.
Las modificaciones aspiraban a habilitar a jueces a adoptar medidas de atención urgente; definían cuatro casos específicos para la internación, planteada como recurso terapéutico excepcional; daba luz verde a la creación de neuropsiquiátricos; dotaba a al defensor de solicitar medidas terapéuticas; planteaba un esquema de modificación en las condiciones de egresos y rehabilitación de los pacientes; y modificaba la composición del Órgano de Revisión.
Otra de las claves que fomentaron la determinación de insistir en cambiar el articulado de la ley reside en el testimonio de Marina Charpentier, la mamá del reconocido músico Chano Moreno Charpentier, quien expuso en el Congreso de la Nación la necesidad de aclarar algunas definiciones difusas vigentes y la falta de herramientas para contener situaciones de brotes y episodios agudos a raíz de trastornos mentales y adicciones. “La Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010 sin la consulta de psiquiatras ni universidades. No aborda la realidad de las familias que sufren estas enfermedades”, supo contra argumentar.
Con información de Sofia Rojas
