La presa falleció de un infarto en la madrugada del viernes. Investigan las circunstancias
La Justicia investiga la muerte de Graciela Margarita Pariente, de 44 años, interna del Complejo Penitenciario de Delfín Gallo, cuyo fallecimiento fue informado por las autoridades como consecuencia de un infarto agudo de miocardio.
La mujer había sido condenada, en septiembre de 2023, a seis años y seis meses de prisión por un acuerdo de Juicio abreviado tras la muerte de un bebé de 10 meses que, según la Fiscalía, se ahogó en la bañera mientras estaba a su cuidado.
Fuentes de la familia y compañeras de alojamiento denunciaron un presunto abandono por parte del personal del Servicio Penitenciario: relataron que Pariente se sintió mal desde el martes previo y que, el jueves 4, pidió ser retirada de la celda sin que se le prestara asistencia. Según esos testimonios, la mujer habría pasado la noche pidiendo auxilio y finalmente falleció en el penal.
Por su parte, el Servicio Penitenciario provincial negó esa versión y señaló que la interna había recibido atención médica días antes de su muerte y que fue trasladada al Hospital del Este.
Durante la investigación, se tomaron declaraciones a allegados, compañeras de celda y personal penitenciario. Las reclusas también acudieron al comisionado civil del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en Tucumán, Fernando Korstanje, quien aseguró que la víctima pidió auxilio con síntomas coincidentes con un infarto y cuestionó la atención recibida por parte del personal, además de advertir sobre la presunción de responsabilidad del Estado cuando una persona muere bajo custodia estatal.
La historia judicial de Pariente se remonta al 9 de junio de 2023, cuando, según la fiscalía, mientras cuidaba al bebé de 10 meses lo dejó momentáneamente solo para higienizarse; al regresar lo encontró sumergido en la bañera y con escasos signos vitales. Tras pasar alrededor de dos meses internado, el menor falleció. Tras pericias y negociaciones entre el Ministerio Público Fiscal, la querella, la defensa y la imputada, se firmó un convenio de Juicio abreviado que culminó con la condena de Pariente. Inicialmente, por falta de cupos en el penal femenino de Banda del Río Salí, cumplió la prisión preventiva en la Comisaría 1.ª y fue trasladada a Delfín Gallo en diciembre de 2024.
Pariente padecía diabetes, disfunción tiroidea y problemas de presión arterial, según describieron sus allegados, que sostuvieron haberle acercado medicación y visitas durante su primer año y medio detenida. Familiares explicaron que la mujer había trabajado como niñera para esa familia desde la infancia de uno de sus miembros y que, ante el proceso judicial, entre primos se habían hecho cargo del pago de un abogado y optaron por el abreviado.
Ante la divergencia de versiones -por un lado, denuncias de internas y familiares sobre supuesta falta de atención y, por otro, la negación del Servicio Penitenciario sobre abandono-, la causa quedó en manos de la Justicia para determinar responsabilidades. Los hechos serán objeto de pericias y de la recolección de pruebas médicas y testimoniales para esclarecer el lugar exacto y las circunstancias del deceso, así como la eventual omisión en la prestación de auxilio por parte del Estado durante la custodia.
El caso plantea, además, interrogantes sobre las condiciones de salud y de atención en el sistema penitenciario provincial, la disponibilidad de recursos para traslados de emergencia y protocolos de atención durante celebraciones u otros eventos en dependencias carcelarias. La investigación deberá establecer si se respetaron los deberes de cuidado y la cadena de atenciones médicas y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
