La Justicia investiga denuncias que señalan que funcionarios policiales exigían pagos indebidos a terceros
Por SIN CODIGO
En un nuevo capítulo que expone las tensiones internas y el deterioro institucional de la fuerza, la Justicia provincial realizó diez allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por presunto cobro de coimas dentro de distintas comisarías de Tucumán. La medida compromete a jefes policiales que habrían exigido pagos indebidos a terceros, una acusación que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la fuerza de seguridad, menos de una semana después de otro escándalo que salpicó a su cúpula.
La investigación está en manos de la Fiscal Mariana Rivadeneira, acompañada por la secretaria adversarial Brenda Deroy y un equipo del ECIF (Equipo Científico de Investigaciones Fiscales). Durante los procedimientos se secuestraron armas, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos que serán peritados para determinar si contienen evidencia que respalde las denuncias.
Un caso que crece en medio de un clima enrarecido
El operativo ocurre pocos días después de que saliera a la luz que un ex Jefe policial utilizaba a detenidos como albañiles en su casa de El Cadillal, un hecho que generó un fuerte repudio público. Ese antecedente funciona como telón de fondo para entender la sensibilidad de este nuevo caso: son dos golpes consecutivos que vuelven a comprometer la credibilidad de la institución encargada de garantizar seguridad.
Según fuentes judiciales, la causa por coimas se inició tras denuncias que apuntan a prácticas sistemáticas dentro de ciertas dependencias policiales. Los investigadores intentan determinar si existió un esquema organizado donde funcionarios de alto rango exigían pagos a cambio de favores, omisiones o beneficios.
El corazón de la pesquisa: celulares, chats y vínculos internos
Los celulares y dispositivos secuestrados serán clave para reconstruir la trama. Chats, llamadas, movimientos sospechosos o contactos frecuentes podrían dar pistas sobre:
• Cómo operaba el presunto sistema de recaudación ilegal.
• Quiénes estaban involucrados y en qué niveles jerárquicos.
• Si existieron órdenes superiores o dinámicas normalizadas dentro de las comisarías.
La Fiscalía también buscará determinar si hubo presión o intimidación sobre posibles denunciantes dentro de la fuerza, un elemento recurrente cuando se investiga corrupción policial.
Impacto político e institucional
El caso vuelve a generar ruido dentro del Gobierno provincial, que sostiene un discurso de orden y transparencia en materia de seguridad. Para la cúpula policial, el escenario es crítico: una investigación que toca a jefes de comisarías no solo expone fallas individuales, sino un posible problema estructural.
La noticia, además, reaviva reclamos históricos de organizaciones civiles que piden reformas profundas en la fuerza: profesionalización, mecanismos efectivos de control interno y auditorías externas.
Qué se espera ahora
En los próximos días, el Ministerio Público Fiscal deberá:
• Analizar los dispositivos secuestrados.
• Llamar a declaración a los jefes implicados.
• Evaluar si corresponde dictar medidas cautelares.
• Determinar si existen más presuntos involucrados.
El desenlace todavía es incierto, pero la magnitud del operativo ya marca un antes y un después. Tucumán vuelve a mirar hacia su Policía con desconfianza, y la Justicia tiene ahora la tarea de despejar dudas, confirmar responsabilidades y frenar una espiral de escándalos que erosiona —cada vez más— la credibilidad de la fuerza.
