Una ex funcionaria, un interventor y un legislador están siendo investigados por posible desfalco por $26 millones
El organismo de control (TC) detectó entregas por más de $26 millones durante 2023 sin convenios formales entre ambas reparticiones. La causa ya fue remitida a la Justicia.
El Tribunal de Cuentas de Tucumán solicitó a la Justicia que investigue la presunta entrega irregular de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social a la Caja Popular de Ahorros, durante el año 2023, por un monto superior a los $26 millones. Según el informe del organismo, los bienes fueron entregados sin la existencia de un convenio que autorizara la operatoria entre ambas dependencias.
El caso fue revelado tras una auditoría del Tribunal de Cuentas (TC), que detectó 12 órdenes de entrega emitidas entre marzo y octubre del año 2023, autorizando el retiro de alimentos, mobiliario y chapas desde depósitos oficiales y de la empresa proveedora Hacha de Piedra S.R.L., a nombre de la Caja Popular.
Las órdenes de retiro fueron firmadas por la entonces ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga Barros Sosa, y habrían sido ejecutadas por funcionarios de la Caja Popular, pese a que el organismo financiero no tiene competencia legal para recibir ni distribuir asistencia social, según la Ley N°5.115 de Administración Financiera de la provincia.
Sin convenio ni registros
El TC advirtió que no se halló ningún convenio formal que vincule al Ministerio de Desarrollo Social con la Caja Popular en materia de entrega de mercadería, ni documentación que respalde el destino final de los bienes distribuidos.
Entre los productos entregados figuran alimentos básicos como arroz, fideos, harina, leche en polvo, yerba, azúcar y aceite, además de mesas, sillas y chapas. Las mercaderías habrían sido retiradas por personal de la Caja Popular -Flavio Corres y Jorge Garay- sin dejar constancia documental suficiente de los beneficiarios finales.
Los funcionarios implicados
En las actuaciones aparecen mencionados el entonces -y actual- interventor de la Caja Popular de Ahorros, José César Díaz, y el ex subinterventor Hugo Guillermo Ledesma, actualmente legislador provincial (PJ). Ambos deberán presentar descargos en el Juicio de Cuentas iniciado por el Tribunal.
El informe también responsabiliza a la ex ministra Lorena Málaga por haber autorizado las órdenes de retiro, y remite las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que evalúe la posible comisión de delitos vinculados al uso irregular de fondos y bienes públicos.
Posible uso político
El período auditado coincide con la campaña electoral de 2023, lo que genera sospechas sobre un posible uso político de los recursos sociales. La participación de la Caja Popular -una entidad financiera- en tareas asistenciales fuera de su competencia agrava las sospechas de desvío administrativo y pone bajo la lupa los controles internos del Estado provincial.
“El manejo de fondos públicos destinados a la asistencia social debe estar sujeto a estrictos mecanismos de control, trazabilidad y transparencia”, señalaron fuentes del Tribunal citadas en el Acuerdo N°5140, firmado el 10 de noviembre de 2025.
Camino judicial
Con el inicio del Juicio de Cuentas, los funcionarios involucrados podrán presentar sus defensas ante el organismo de control. Si se comprueba responsabilidad administrativa, podrían enfrentar sanciones económicas y la causa pasará a sede judicial para determinar si hubo delito penal.
Hasta el momento, ninguno de los implicados realizó declaraciones públicas sobre el caso.
