La eliminación del decreto que regulaba los aranceles de las escuelas privadas cambia la forma en que se definirán los valores mensuales. Los establecimientos podrán modificar los importes según sus costos y sin autorización previa
El Gobierno Nacional derogó el Decreto 2417, de 1993, y puso fin a más de tres décadas de control sobre los aranceles de los colegios privados sin aportes estatales. A partir de ahora, las instituciones de gestión privada podrán ajustar las cuotas y matrículas de manera autónoma, sin necesidad de comunicar los aumentos con antelación ni esperar una aprobación estatal.
La medida formó parte de una actualización del marco regulatorio que buscó evitar aumentos arbitrarios y dar mayor previsibilidad a las familias. Según el texto oficial, el esquema anterior empujaba a las escuelas a definir incrementos anticipados, basados en proyecciones macroeconómicas inciertas, que terminaban ubicando el precio de la educación por encima del resto de los bienes de la economía.
El cambio se formalizó a partir de la propuesta del Ministerio de Capital Humano. En la resolución se señaló que el sistema derogado obligaba a los colegios a informar, antes de noviembre de cada año, el valor de la matrícula y de cada una de las cuotas del ciclo lectivo siguiente. Esa obligación generaba una dinámica de aumentos preventivos y desfasados respecto de la realidad económica.
Aumentos desproporcionados
De acuerdo con los datos oficiales, en 2024 la inflación general fue de 117,8%, mientras que las cuotas escolares subieron 169%, un incremento 44 puntos superior al promedio de precios. El Gobierno interpretó que ese salto se produjo por un esquema que, al impedir ajustes graduales, llevó a los colegios a cubrirse con incrementos anticipados.
Con la derogación del Decreto y la habilitación de ajustes graduales y realistas, el Ejecutivo aseguró que las familias podrán estabilizar su gasto educativo en relación con el resto de las partidas del hogar. En adelante, cada colegio podrá definir sus aranceles en función de sus costos y posibilidades, dentro de un marco que busca ser claro y transparente. La autoridad estatal no fijará topes ni plazos, pero las instituciones deberán informar los nuevos valores a los organismos educativos correspondientes una vez que los establezcan.
Para qué colegios regirá el nuevo esquema
El nuevo esquema regirá para colegios privados sin aportes estatales, un universo que representa cerca del 6% del total de establecimientos educativos del país, alrededor de 2.000 instituciones distribuidas en todo el territorio nacional. Estas escuelas ya no estarán sujetas a la obligación de presentar proyecciones de aumentos ante el Estado antes de iniciar el ciclo lectivo.
