Cano, legislador provincial (UCR), pidió una auditoría sobre la causa (presunto abuso sexual) de los ex jugadores de Vélez, pero su presentación se alinearía con los supuestos intereses de Cisneros, acusado de encabezar una organización criminal para montar una denuncia falsa
En un gesto que llamó la atención del ámbito político y judicial tucumano, el legislador “opositor” José Cano presentó una solicitud de auditoría al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, para revisar las actuaciones en la causa por abuso sexual que involucra a ex jugadores del Club Vélez Sarsfield.
En su presentación, Cano pidió que se determine si hubo “dilataciones incausadas” por parte de los actores judiciales, en especial del Ministerio Público Fiscal, y que se analice si los plazos de investigación fueron prorrogados conforme a derecho. Argumentó que el caso reviste una “altísima sensibilidad social” y que se requiere “celeridad y transparencia”.
Sin embargo, detrás de esa aparente preocupación institucional, asomaría un movimiento político funcional a los intereses del diputado nacional y dirigente bancario Carlos Cisneros, quien enfrenta una grave contradenuncia por asociación ilícita. Según esa presentación judicial, de 61 páginas, Cisneros habría encabezado una “organización criminal” destinada a manipular testigos, borrar evidencias y ejercer presión sobre el sistema judicial para fabricar una acusación contra los cuatro futbolistas.
El pedido de Cano, al poner bajo sospecha la investigación original y reclamar una revisión de las pruebas, coincide llamativamente con los objetivos atribuidos a Cisneros en la contradenuncia: condicionar el avance de la causa y sostener la versión acusatoria que hoy parecería derrumbarse ante las nuevas evidencias.
Las pruebas más fuertes de la presentación judicial —según trascendió— surgen de pericias forenses que recuperaron conversaciones de WhatsApp eliminadas, en las cuales se mencionaría directamente a Cisneros como “el artífice de la denuncia falsa”. Además, la denunciante trabajaría en la Caja Popular de Ahorros, entidad bajo la órbita sindical de La Bancaria, que conduce Cisneros, y estaría representada por abogados vinculados a esa estructura gremial, Patricia Neme y Franco Venditti.
En ese contexto, la intervención de José Cano no parece inocente. Lejos de un planteo de control institucional, su pedido ante la Corte operaría como una maniobra política que lo alinea con un dirigente acusado de manipular causas judiciales. Una jugada que, en el ocaso de su carrera política, exhibiría a Cano subordinando su acción a los intereses de uno de los personajes más controvertidos del oficialismo tucumano.
Con información de El Federalista
