El empresario. condenado por corrupción, había solicitado la prisión domiciliaria por su estado de salud, pero un Juez le negó el pedido y ordenó su traslado a un pabellón con mejores condiciones
Este domingo por la mañana, Lázaro Báez ingresó nuevamente a la cárcel de Ezeiza, luego de ser trasladado desde la Unidad Penitenciaria N°15 de Río Gallegos. Así lo había ordenado el Juez Federal Claudio Vázquez, quien rechazó la posibilidad de otorgarle la prisión domiciliaria pero dispuso que su alojamiento en un lugar con mejores condiciones, dado su delicado estado de salud.
Fuentes judiciales precisaron que el empresario condenado por corrupción en la “Ruta del dinero K” y “Vialidad” empezó el proceso de traslado el sábado. Primero fue llevado por tierra hacia la ciudad de Trelew, en Chubut, donde se tomó un avión que lo llevó hasta Ezeiza. El operativo estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal.
Hasta este mediodía, Báez permanecía en el Hospital Central Penitenciario de la cárcel para hacerse estudios y todavía no le habían asignado un pabellón. En ese sector del complejo penitenciario hay muy pocos presos. Uno de ellos es Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló un arma en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner.
La defensa de Lázaro Báez había presentado esta semana un habeas corpus en el que exigían su salida de la prisión de Río Gallegos, donde hasta ayer compartía un solo baño con otros 20 reclusos.
En ese escrito, definieron su lugar de alojamiento como un “buzón” o “leonera”, lo que “se conoce en la jerga carcelaria como lugar de castigo, carente de habitabilidad mínima, sin baño ni ventilación adecuada, con filtraciones y deficiente alimentación”.
A sus 69 años, el empresario padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes, asma bronquial y problemas gastrointestinales.
Por “Vialidad” y la “Ruta del dinero K”, Lázaro Báez purga una pena unificada de 15 años de prisión. Además tiene otra sentencia -que todavía no está firme- impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, que condenó al empresario a tres años y seis meses de cárcel por la apropiación indebida de los aportes de los trabajadores Austral Construcciones y otras empresas.
