La ex intendente de Alberdi, junto a su marido, el destituido Jefe comunal de la ciudad, Luis “Pato” Campos, están procesados por presunto lavado de activos
La legisladora Sandra Figueroa hizo formal su pedido de licencia como legisladora, para enfocarse en su defensa, en la causa que la tiene procesada por presunto lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita.
En la nota que presentó ante la presidencia de la Legislatura, Figueroa sostuvo su pedido “en virtud de los hechos de público conocimiento vinculados a la causa que investiga la Justicia Federal, pudiendo así abocarme a mi defensa y colaborar con el proceso judicial para aclarar mi situación de manera transparente”.
La Justicia Federal formalizó la semana pasada el procesamiento de Luis Campos y Figueroa por presunto lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita. En el fallo, el Juez Federal José Manuel Díaz Vélez también procesó por los mismos delitos a José Roldán (ex secretario de Hacienda), Pablo Barrionuevo (ex secretario de Acción y Desarrollo Social), José Albano Loru (ex concejal) y Roque “Chipi” Giménez (empresario). A los seis se les trabó sendos embargos que totalizan $1.400 millones.
Contra el matrimonio Campos-Figueroa no se tomaron medidas privativas de la libertad, pero se les impide salir de la provincia y del país sin autorización.
La investigación del caso Alberdi
A partir de la investigación que lidera el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, el juez consideró que existen pruebas suficientes de que los imputados integraban una presunta banda criminal que operaba desde el municipio y resolvió la imputación de seis de los protagonistas en una resolución de más de 150 páginas.
Según esta teoría y en base a las pruebas recabadas, Campos y Figueroa “conforman el ‘sostén estructural del grupo’, dentro del cual se encuentran otros actores como Giménez, Loru, Barrionuevo y Roldán. Los beneficios mutuos y el enriquecimiento continuado se evidencian en los decretos y contrataciones a favor de Giménez Consulting Group, que dan cuenta de un circuito de legitimación y reciclado de recursos que favorece a integrantes de la asociación”, expuso el juez. Y agregó: “el vínculo entre los imputados, surgido de las conversaciones filtradas, funcionarios públicos que cumplen rol de operadores económicos y el flujo de beneficios obtenidos, evidencian una asociación ilícita con finalidad criminal múltiple”.
