Un trabajador separado de una minera enfrenta cargos y medidas judiciales debido a una transferencia bancaria duplicada
En el centro de una investigación penal, en la provincia de San Juan, Dany Roberto Sarmiento se encuentra implicado en un caso de defraudación contra Minera Andina del Sol.
De acuerdo con medios locales de la provincia, la empresa realizó dos transferencias correspondientes a indemnización tras su despido, lo que provocó una cadena de medidas judiciales por la negativa del ex empleado a restituir el monto excedente.
El hecho inicial ocurrió en diciembre, cuando la firma, conocida antes como Barrick, emitió una transferencia por $110.000.000 como indemnización para Sarmiento, quien se había desempeñado quince años en la compañía. Pocos días más tarde, la empresa transfirió otra vez el mismo monto debido a un error en el área contable, llevando el total percibido por el ex operario a $220.000.000. Según la reconstrucción realizada por medios sanjuaninos, ese doble pago provocó la rápida reacción del área administrativa de la empresa, que identificó el error y buscó un acuerdo privado.
La compañía procuró obtener la devolución del dinero excedente, aunque no logró que Sarmiento respondiera los requerimientos formales. Según documentos judiciales citados por medios de la provincia, el conflicto escaló cuando el afectado bloqueó canales de comunicación con la firma: la empresa optó por presentar una denuncia penal en la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan en enero.
La causa judicial alcanzó además a Myriam Mabel Muñoz, esposa de Sarmiento. Los investigadores detectaron movimientos bancarios que involucraron transferencias de una cuenta de Sarmiento a nombre de Muñoz por $110.000.000, la misma cifra que correspondía a la segunda transferencia errónea. De ese modo, ambos quedaron sujetos al expediente por presunta defraudación contra la minera, según información suministrada por fuentes provinciales.
Guillermo Heredia, Fiscal encargado de la Instrucción, imputó a Sarmiento por el artículo 175, inciso 2, del Código Penal, aplicable a quienes se apropian de bienes ajenos recibidos por error o caso fortuito. La Fiscalía solicitó un embargo como medida de seguridad sobre los bienes del acusado y de su esposa, fundamentando la sospecha de maniobras para ocultar el rastro del dinero.
La Jueza Gloria Verónica Chicón, en calidad de Jueza de Garantías, otorgó ese pedido y ordenó embargos preventivos por $140.000.000. Dicha medida recayó sobre tres vehículos pertenecientes al grupo familiar, un inmueble identificado a nombre de los acusados y la inhibición general de cuentas bancarias de ambos. Con este resguardo patrimonial, el expediente ingresó en la fase de Investigación Penal Preparatoria, establecida por nueve meses desde la resolución judicial reciente.
Los próximos pasos en el expediente dependen del avance de las medidas dispuestas por la Justicia, la colaboración de las partes y la eventual presentación de acuerdos extrajudiciales que queden formalizados por escrito bajo supervisión de la jueza, siempre en sintonía con lo normado por el Código Procesal Penal provincial.
