El tucumano ya venía cumpliendo funciones similares con el Jefe de Gabinete. Ahora, se hará cargo oficialmente del restituido Ministerio del Interior
Como parte de la reorganización del Gobierno Nacional, se decidió jerarquizar el Ministerio que tiene como función el diálogo institucional con las provincias. Si bien la semana pasada se conoció la noticia, este lunes el Presidente Javier Milei firmó una serie de decretos, que fueron publicados en el Boletín Oficial, mediante los cuales se oficializó la restitución del Ministerio del Interior y se designó a Lisandro Catalán como nuevo titular de la cartera.
Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Poder Ejecutivo estableció la creación del Ministerio del Interior, mientras que el Decreto 672/2025 estableció: “Desígnase en el cargo de Ministro del Interior al abogado Lisandro Catalán”.
Un lunes con agenda política cargada
En el primer día de la semana, Milei encabezará las próximas reuniones de las mesas nacional y bonaerense, para luego tomarle juramento a su flamante ministro del Interior. Por último, cerrará la jornada con una Cadena Nacional para presentar el Presupuesto 2026.
Cerca de las 11:00, el mandatario cumplirá con el procedimiento formal de tomarle juramento a Catalán como ministro del Interior.
El DNU 658/2025 trae consigo una nueva reestructuración de la Ley de Ministerios, que redefine el mapa del gabinete nacional y las competencias de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520, estableciendo que el despacho de los negocios de la Nación quedará a cargo del Jefe de Gabinete y nueve ministerios: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado.
De este modo, el nuevo ministerio del Interior asume un rol central en la estructura del Ejecutivo, con competencias ampliadas que abarcan desde la gestión política interna hasta la política ambiental, el turismo y el deporte.
La decisión se fundamenta en la necesidad de “adecuar las previsiones de la referida Ley de Ministerios” para “una mejor gestión de las atribuciones asignadas al Poder Ejecutivo Nacional”.
