La Casa Rosada argumentó que el costo fiscal es inaceptable
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso, este miércoles, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, y la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles.
La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, que, sin embargo, no llegaba a los dos tercios. Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.
En esa misma Sesión Especial, también se aprobaron la declaración de Emergencia en Pediatría (por la crisis del Hospital Garrahan) y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que serán vetados por la Casa Rosada. No obstante, esos dos vetos aún no se remitieron al Congreso y el plazo vence este viernes.
La Ley vetada por Milei había sido impulsada originalmente por el radicalismo, en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente. También ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas, entre otros puntos.
La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde un primer momento porque aseguraba que su costo fiscal era demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal, piedra fundamental de todo el plan económico.
En el veto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno señala que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar de manera clara las fuentes de los recursos para su financiamiento.
El Gobierno también argumentó que la implementación de la ley generaría un aumento significativo y no cubierto del gasto público, con un costo estimado para 2025 de más de un billón de pesos, lo que pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica.
