Una vez que se llega al poder, prácticamente ningún político quiere dejarlo, se resisten al cambio generacional, a entregar la posta, y hacen todo lo posible para “mantenerse”, incluso rozando lo ilegal
Por SIN CODIGO
El gran problema de los políticos argentinos es la resistencia a la alternancia. La legitimidad y la legalidad son las dos caras de la misma moneda. Las leyes están para ser respetadas y, más aún, los políticos son quienes deberían dar el ejemplo. Sin embargo, en la Argentina, el “gremio” político ha demostrado, una y otra vez, que sabe moverse como pez en el agua en las zonas grises de la ley, de las instituciones y hasta de la Constitución.
En el caso del peronismo en particular, el verticalismo es su ADN: la figura del líder prevalece por encima de la renovación dirigencial. Esto explica por qué, década tras década, los nombres en cada distrito son los mismos. Cuando una norma les pone un límite, buscan la interpretación, el atajo, la excepción. Y cuando alguien cuestiona ese proceder, la respuesta es casi siempre la misma: “tienen miedo de enfrentarlo”.
No es miedo, es respeto a las reglas. Y si quienes gobiernan no las cumplen, ¿Qué se le puede exigir al ciudadano de a pie?
Ejemplos sobran. Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la Justicia -en todas las instancias- por hechos de corrupción, hoy no puede ser candidata. Pero el discurso peronista habla de proscripción, como si una sanción legal fuera un acto de censura política. En Formosa, Gildo Insfrán gobierna prácticamente desde el retorno a la democracia, sin interrupciones. Ni siquiera un fallo adverso de la Corte Suprema de la Nación logró frenar su continuidad.
Esta lógica no es patrimonio exclusivo de la Argentina: Nicolás Maduro en Venezuela es el extremo. Un “voto popular” que, bajo trampas y fraude, le garantiza la eternidad en el poder. O Vladimir Putin, en Rusia.
El verdadero problema no es el miedo a enfrentar a un adversario; el problema es que, cuando el poder está “tomado”, no hay igualdad de condiciones. Se dispone de los recursos del Estado, se controla al que debería controlar y se neutraliza la competencia.
Cuando se discute la legalidad, legitimidad o ética de una candidatura, no se está proscribiendo; se está defendiendo la República. Porque la democracia no solo es votar, es respetar las reglas. Si quienes gobiernan las fuerzan o las burlan, no hacen más que alimentar el descreimiento y la apatía de los ciudadanos.
