Tampoco el resto de los condenados. Ahora, el Tribunal Oral analiza ahora enviar a remate sus bienes
Ni Cristina Kirchner ni ninguno de los otros ocho condenados por el fraude de Vialidad Nacional depositó un peso de los 530 millones de dólares que la Justicia les reclama como producto del delito cometido.
La Justicia intenta recuperar el dinero de la corrupción para reparar el daño causado al Estado.
Tras la intimación desoída, los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso deben disponer el decomiso y el remate de los bienes embargados para cobrarse la suma que le reclaman a los condenados.
La Ley dice que, con el decomiso de los bienes de los condenados, lo que se busca es secuestrar “las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito” y que este debe quedar en favor del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios.
Pero antes de decidir esto, los jueces deben resolver un nuevo planteo que el martes realizó Cristina Kirchner. Pidió suspender el decomiso, que el Tribunal se declare incompetente y que le den intervención a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner para evitar que se rematen sus bienes, recibidos en 2016 como adelanto de herencia.
Lo primero que deben resolver los jueces es el planteo de la expresidenta que les dijo que eran incompetentes y que habían decidido “un disparate jurídico”.
Además, se quejó de que el Fiscal Diego Luciani hubiera reclamado incorporar a los bienes a decomisar aquellos que les cedió a sus hijos como adelanto de herencia de su marido en 2016.
Por eso pidió al tribunal que convoque al proceso a Máximo y a Florencia Kirchner para defenderlos. Entre estos bienes hay terrenos, chacras, casas, inmuebles, departamentos, hoteles, las sociedades que los administran y 6 millones de dólares en efectivo.
