A través de un Decreto N°1824/2025, el gobernador Osvaldo Jaldo amplió la partida presupuestaria del Ministerio de Gobierno y Justicia, a cargo de Regino Amado, para “transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro”
Mientras en los micrófonos, Jaldo se queja por la falta de fondos de Nación y denuncia que “el ajuste de Milei no se puede aceptar en Tucumán”, en los papeles la historia es muy distinta: Tucumán es la tercera provincia del país que más dinero recibió en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en lo que va de 2025, con una suma que roza los $12.000 millones.
Pero eso no es todo. En plena campaña electoral, el mandatario tucumano firmó el Decreto N.º 1824/2025, publicado en el Boletín Oficial este 1 de agosto, que autoriza una ampliación presupuestaria de $11.300 millones para el Ministerio de Gobierno y Justicia, conducido por Regino Amado. ¿El destino? Ayuda social. ¿El contexto?, casualmente pleno proceso electoral rumbo a las legislativas de octubre.
El Decreto fue firmado el 4 de julio por el gobernador Jaldo y refrendado por el ministro de Economía, Daniel Abad. En el texto se autoriza el traspaso de fondos desde la partida “Transferencias a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro” (subparcial 517) hacia el ítem 514, correspondiente a “Ayudas sociales a personas”.
Más claro: una redirección masiva de dinero estatal para ayudas sociales, a través de un ministerio que no tiene competencia directa en el área social. La lógica pareciera simple: distribuir fondos desde una caja más manejable políticamente.
Este monto se suma a los recursos ya desplegados por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Federico Masso, que también mueve miles de millones en nombre de la contención social.
Jaldo ha construido un relato en el que Tucumán aparece como víctima de un supuesto ahogo financiero de parte del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, los datos oficiales lo desmienten: la provincia recibió, en lo que va del año, más de $12.000 millones en ATN, quedando detrás solo de Neuquén y Salta.
Entonces, ¿Cuál es la verdadera situación? ¿Hay ajuste para todos o hay privilegios que no se cuentan?
Ayuda social en tiempos de urnas
La proximidad con las elecciones legislativas del 26 de octubre no es un detalle menor. La historia política argentina está plagada de ejemplos donde el uso de la asistencia social se vuelve un engranaje clave del aparato electoral. Esta vez no parece ser la excepción. El Ministerio de Gobierno, un área ajena a lo social, aparece ahora como una poderosa caja de recursos que ¿puede aceitar territorialmente la maquinaria del oficialismo?
¿Legal? Tal vez. ¿Legítimo? Difícil de sostener
En un contexto de caída del empleo privado, recesión, ajuste fiscal nacional y malestar social, la pregunta que muchos se hacen es si este tipo de ampliaciones presupuestarias -aunque legales- son legítimas desde el punto de vista ético y democrático. Porque si el discurso es de crisis, los números deberían acompañar. Y en este caso, las cuentas no cierran con la narrativa oficial.
Tucumán dice no tener, pero reparte. Jaldo denuncia ajuste, pero ejecuta partidas multimillonarias. Mientras tanto, los tucumanos viven en carne propia la tensión entre el relato y la realidad. Una provincia que se declara asfixiada, pero que sigue repartiendo millones como si nada pasara.
