Dijo que el Fiscal y la Policía no presentaron pruebas para defender los operativos y decidió garantizar los “derechos constitucionales” de las personas que fueron aprehendidas
La Jueza penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, la magistrada que tomó la decisión de liberar a los 114 detenidos por los incidentes en el Congreso durante la movilización por los jubilados, defendió su resolución y aseguró que no analizó los antecedentes penales de los sospechosos porque, en esa instancia, sólo correspondía verificar si tenían vigente algún pedido de captura.
“No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse”, dijo.
Andrade sostuvo, además, que la Policía no entregó información precisa sobre las detenciones y señaló a la Fiscalía, porque no entregó pruebas ni pidió medidas en la causa en el marco de una causa que rige bajo el sistema acusatorio.
Ayer, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, dijo que más de la mitad de los detenidos tenía graves antecedentes penales. En tanto, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, cuestionó la resolución de Andrade y lamentó que la Justicia haya liberado en tiempo récord a la mayoría de las personas.
“Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”, sostuvo el funcionario nacional.
