La propuesta, impulsada por los bloques de Pro, la UCR y la Coalición Cívica, tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Ahora, deberá ser tratada en el Senado. ¿Por quién fue rechazado?, adivinaste: por el kirchnerismo y la izquierda
El proyecto -que tuvo 131 votos a favor, 95 en contra y dos abstenciones– establece que tanto la Nación, como las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo escolar y que afecte al normal desarrollo de la actividad curricular.
La iniciativa dispone un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice la apertura de todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, como así también el servicio de alimentación escolar.
Ante una medida de fuerza gremial, el proyecto dispone que si ésta se extiende entre uno y dos días -continuos o discontinuos-, deberá instrumentarse una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes; si se prolonga por más de tres días -continuos o discontinuos-, esa guardia “deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente” en todas los niveles y modalidades educativas.
La propuesta, que tendrá que tratar el Senado, dispone que cada establecimiento educativo deberá prever e informar a las autoridades competentes, al inicio del ciclo lectivo, el servicio de guardias que se pondrá en funcionamiento en caso de medidas de fuerza gremiales.
El diputado Alejandro Finocchiaro (Pro), presidente de la Comisión de Educación -ex ministro de Educación de la Nación-, y co-autor del proyecto, elogió la iniciativa. “Esta ley beneficia a la sociedad toda y no perjudica a nadie. Pone en el centro del debate educativo, por primera vez en muchos años, a los chicos, jóvenes y adolescentes, que son el corazón del sistema educativo”, destacó previo a la votación.
“Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal –sostuvo-. Hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”, señaló.
“Los niños no son objetos de nadie. Ni de los sindicatos, ni de los gobiernos ni de los padres. Los derechos de la infancia en Argentina no tienen por qué seguir esperando. Esta no es una ley en contra de nadie. No estamos castigando el derecho a huelga. Estamos invitando a los sindicatos a hacer una buena escuela”, comentó la diputada Carla Carrizo (UCR), co-autora del proyecto.
El otro co-autor del proyecto, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, comentó: “Esta iniciativa no atenta contra el derecho a huelga”.
Diputados del kirchnerismo y de izquierda, votaron en contra del proyecto por considerar que es un “atentado” al derecho a huelga. Lo que olvidan esos diputados es el derecho a estudiar.
