La denunciante tenía 26 años y denunció que el hijo del genocida Antonio Bussi la abusó en el despacho de la Legislatura
Ricardo Bussi, hijo del general Antonio Bussi -y fundador de Fuerza Republicana-, eterno candidato a gobernador de Tucumán, legislador provincial -en varios periodos- de Fuerza Republicana y quien en el año 2020 salió repetidamente en los medios por oponerse a la Ley Micaela, que postula la capacitación con perspectiva de género a funcionarios de todo el país, fue denunciado por abuso sexual.
La mujer, de 26 años, hizo la denuncia en el mes de junio de ese año, en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual. Lo que dijo ante la Fiscal, María del Carmen Reuter, es que en los primeros días de mayo -de 2020- Bussi abusó sexualmente de ella en el despacho que él tenía en la Legislatura, en ese momento.
Junto a su familia -su madre jubilada y sus dos pequeñas hijas- la mujer vivía en un barrio muy humilde de la periferia, y a causa de la denuncia recibió amenazas y tuvo que mudarse a otro lugar.
Según el defensor -en ese momento-, Salvador Iovane, la historia con este legislador empieza en 2017. El se contacta con ella a través de Facebook, le dice que quiere conocerla, ir a tomar mate a su casa. Ella le contesta pero no acepta conocerlo. La mujer denunciante había sido víctima de violencia por parte de su pareja, que le quemó los brazos, lo denunció, lo echó. “Pero ella queda tan mal que olvida pagar su monotributo social y Anses le corta el pago de la Asignación que percibía por sus hijas”, contó Iovane.
“Como no sabía qué hacer, le escribe a Bussi por Facebook para pedirle ayuda. El legislador le dice que vaya a ver gente de su Partido, Fuerza Republicana. Ella va y le dicen que la van a ayudar pero que tiene que afiliarse y le piden todos sus datos. Luego, le avisan que ya está resuelta la situación, que puede cobrar”, continúa el abogado.
“Cuando va a cobrar en el banco le avisan que tiene dos cuentas a su nombre. En una había 600 mil pesos. Ella asegura que es un error y pide que la cierren. Va a hablar con la gente del partido y le dicen que no se preocupe. Al mes siguiente cuando va a cobrar la asignación su cuenta estaba en cero. Va a denunciar al ANSES y le explica que nunca le habían arreglado la situación. Vuelve a quejarse con la gente del partido y la manda a hablar directamente con Bussi”, dice Iovane.
“Entonces, dentro de su despacho, es cuando él la amenaza para que deje de hablar de la cuenta bancaria y la fuerza y la abusa sexualmente con violencia. La mujer va a denunciarlo ante el Observatorio de la Mujer, pero como está dentro del hospital Centro de Salud, la oficina estaba cerrada por el coronavirus. Y una mujer del partido empieza a amenazarla para que no lo denuncie“, cuenta el abogado.
En el año 2022 -o sea dos años después de la denuncia-, el Juez Guillermo Matías Puig, a cargo del Juzgado de Instrucción Conclusional I. solicitó a la Legislatura provincial el desafuero del parlamentario Ricardo Bussi, denunciado por abuso sexual. El abogado defensor de Bussi, Juan Colombres Garmendia, había solicitado que las actuaciones fueran archivadas, porque, según entendía, habían vencido los plazos del proceso. Sin embargo, el Juez Puig no hizo lugar al archivo de la causa, por lo que la Legislatura tucumana tenía que resolver si hacía lugar al pedido del Juez y le quitaba los fueros al líder de FR. Obviamente que no prosperó -en ese momento el gobernador era Juan Manzur-.
El último día hábil del año 2023, la Sala II de la Cámara Penal Conclusional de Apelaciones resolvió revocar la decisión dispuesta en primera instancia de solicitar a la Legislatura el desafuero del jefe de bloque de Fuerza Republicana (FR), Ricardo Bussi, en el marco de la causa que investiga una denuncia por abuso sexual formulada en el 2020.
En el fallo, la Jueza Alicia Freidenberg consideró que, en los fundamentos de la sentencia dictada en marzo de 2022 por el Juez Guillermo Matías Puig (subroga el juzgado de Instrucción Conclusional I), no se advierte que “se haya expresado los motivos por los cuales” podría corresponder en este caso que se retiraran los privilegios procesales de los que disponen los legisladores, en los términos del viejo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT).
“La sentencia hace un raconto de las pruebas colectadas, de las cuales no surge mayor información, pero no advierto que se haya producido (por lo menos no se menciona) declaración del imputado, basándose exclusivamente en la denuncia. Tampoco se trata de optar entre el archivo, sobreseimiento o el desafuero. Se trata de concluir el sumario, un sumario que amerite con pruebas idóneas el pedido de desafuero”, sostuvo la magistrada en uno de los párrafos finales de su resolución.
A criterio de Freidenberg, “no encontrándose debidamente fundado dicho pedido de desafuero, el mismo debe ser revocado en este momento, sin que ello no implique la imposibilidad de reiteración en tal sentido en el momento oportuno, es decir, cuando fundadamente se dé por concluido el sumario”. Además, la jueza aclaró que “ello no afecta la comunicación a la Legislatura sobre la existencia de la causa (en trámite), en caso de que se hubiera librado tal notificación”.
A pesar del tiempo transcurrido y de las artimañas jurídicas – más ¿la protección política?- Ricardo Bussi ha ido “salvándose” de un juicio donde saldría la verdad. ¿Si el legislador es inocente, no sería bueno para él y su familia enfrentar el tema y quedar liberado?. ¿O tiene algo que ocultar?. La justicia es lenta, pero llega.
TICHO para Sin Codigo Tucumán
