“Jaldo dispone de los fondos como un señor feudal”, dicen concejales de Yerba Buena
Cada día crece más el malestar, y el run run político, en el municipio de Yerba Buena y Tafí Viejo por los fondos girados por el Ejecutivo provincial, a través del Acuerdo Fiscal Municipal, a Banda del Río Salí -prácticamente el doble que a los dos primeros-, cuando Tafí Viejo es la ciudad con mayor población (luego de la capital) con 85.548 habitantes. Luego, muy cerca, está Yerba Buena con 82.129 habitantes. A continuación sigue Banda del Río Salí con 77.669 habitantes.
Funcionarios de los municipios afectados sostienen que, a mayor cantidad de habitantes, es mayor el costo de servicios y de infraestructura. También, dieron a entender que fueron más favorecidos aquellos municipios que cuentan con referentes territoriales más cercanos al gobernador. En la Casa de Gobierno, sin embargo, se desechó esta interpretación y se insistió con que el factor principal es la planilla salarial.
¿De qué cifras se está hablando?. Según cifras extraoficiales, Banda del Río Salí -gobernado por Gonzalo Monteros, hijo del ministro del Interior y muy cercano a Jaldo, Darío Monteros- habría recibido unos $11.500 millones en los primeros seis meses de 2024. Tafí Viejo habría recibido $6.900 millones y, Yerba Buena, unos $5.300 millones -prácticamente la mitad que La Banda-. Incluso Yerba Buena y Tafí Viejo habrían resultado menos favorecidas que ciudades más chicas como: Monteros, unos $7.800 millones -es de allí Regino Amado, ministro de Gobierno-; Aguilares, cerca de $7.300 millones -el presidente subrogante de la Legislatura, “La Burra” Mansilla es el papá de la actual intendente; y Famaillá, más de $7.000 millones -gobernada hace décadas por los “mellizos” Orellana.
Desde el Gobierno provincial se defienden diciendo: “Cuando firma el intendente quiere decir que está dando conformidad a los recursos que está recibiendo”. Por otro lado, su versión es que, los montos girados está en relación a la planilla salarial de cada municipio. La Banda del Río Salí dicen que cuenta con 1800 empleados, lo que equivale a un empleado municipal cada 43 habitantes. Según los montos girados, infiere que Yerba Buena y Tafí Viejo tienen casi la mitad de empleados que La Banda. ¿Cómo se explica que un municipio con menos habitantes tiene más empleados que otro?. Si el Ejecutivo provincial envía más dinero a un municipio por su planilla salarial, ¿entonces hay vía libre para repartir cargos políticos?. ¿Acaso no se pretende reducir la planta estatal?.
Concejales de Yerba Buena emitieron un duro comunicado hacia el Gobierno provincial con respecto a la distribución del dinero a los municipios. Con la firma de Agustina Simón Padrós, Franco Marigliano, Dante Argiró y Javier Jantus, reclaman la “inconstitucionalidad de la Ley 6.316 de Coparticipación, y exigen que se repartan los fondos que corresponden a cada vecino de Yerba Buena”.
“¿Por qué los yerbabuenenses debemos ceder nuestros fondos para que Jaldo pague sueldos en La Banda, Monteros o Aguilares?”, se preguntan los concejales. Y continúan: “Los montos son desproporcionados y exorbitantes enviados al hijo de su ministro del Interior, sin explicación coherente”.
Finalizan preguntándose: “¿Qué desarrollo es posible si los municipios, no afines al gobernador, estamos desfinanciados?”.
Desde Tafí Viejo, la concejala oficialista Daniela Bravo, consideró que en las cuestiones de recursos el criterio debe ser el más objetivo posible. “Que no haya arbitrariedad. La inequidad afecta la capacidad de un municipio para atender las necesidades”. Además, dijo que el padrón electoral no puede ser el único parámetro que se tome en cuenta. “No se puede generar un desarrollo equitativo sin una distribución equitativa”, dijo.
Todos los días se ven o escuchan a diferentes funcionarios dando su opinión sobre los fondos coparticipables. De una “guerra” de declaraciones, se está transformando en un escándalo político.
