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 La excusa es que teme que no se respete su intimidad

La tecnología siempre es utilizada para resolver los casos más complejos. Desde que su uso se masificó, la verdad surge de los celulares. La causa en la que se investiga por abuso sexual a cuatro jugadores de Vélez no será la excepción. Por esa razón, en una audiencia que duró más de seis horas, quedó demostrado que con el análisis de los teléfonos puede definirse el futuro del expediente. Un Juez ordenó a una testigo que tiene plazo de 24 horas para entregar su aparato (se había negado y luego lo entregó) y la víctima, hasta el martes (hasta ahora no lo entregó).

La investigadora tomó declaración a una testigo ofrecida por los querellantes Patricia NemeJuan Andrés Robles y Patricio Char. La joven declaró que había mandado mensajes antes y después de que los futbolistas cometieran el supuesto abuso. Fue, según confirmaron fuentes judiciales, una de las primeras en enterarse de lo que le había pasado. Por ese motivo, sus dichos tuvieron tanta importancia. Esta persona, para confirmar sus dichos, presentó capturas de los mensajes que la denunciante le envió el domingo hasta las 1.35 y el viernes. Argumentó que había cambiado su celular y esas eran las únicas frases que había podido rescatar.

María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de Florentín Bobadilla, al sospechar que se podría haber tratado de una maniobra, le pidieron a la fiscalía que ordenara el secuestro del celular para analizarlo. Como la representante del Ministerio Público se negaba a hacerlo, solicitaron una audiencia para resolver esta cuestión.

La víctima, cuando hizo uso de la palabra, también demostró su rechazo al pedido. “Es cierto que dije que lo haría, pero ahora no quiero por una sola razón: se ventilaron muchas cosas y no quiero que siga pasando lo mismo. No confió en que se resguarde mi intimidad”, habría declarado. “Estoy harta de todo esto. En cada audiencia siento que tengo que defenderme cuando en realidad soy la víctima”, habría sido otras de sus palabras.

El Ministerio Público también rechazó el pedido considerando que confiaba en la palabra que había dado la denunciante y que el martes entregaría el celular. El Juez Mardiza rechazó el planteo y solicitó a la fiscalía que tomara todos los recaudos necesarios para preservar la información que se obtenga el teléfono una vez que sea entregado. Si la denunciante no cumple con su palabra, se podría abrir una polémica en la investigación. Si no hace entrega del celular se emitirá una orden de secuestro. Lo mismo sucederá si la testigo no cumple hoy con lo ordenado.

Con información de Gustavo Rodríguez, de La Gaceta

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