Luego del paro, el Gobierno prepara una contraofensiva: leyes “anti CGT”, diálogo cortado y sanciones

El presidente cree que deberá combatir a los gremios que se sumaron a la huelga

No vienen tiempos tranquilos luego del paro nacional que realizó la CGT en contra del Gobierno: el presidente Javier Milei está dispuesto a avanzar en una fuerte contraofensiva destinada al núcleo duro del sindicalismo que contemplará un paquete de leyes que apuntan a los gremios, la decisión de identificar a los “gremios extorsionadores” y establecer un canal de diálogo diferenciado con unos sindicatos y no con otros.

El panorama de convivencia, entre la Casa Rosada y la CGT, no será nada pacífico. El diálogo está completamente cortado y el paro sólo profundizó aún más las diferencias entre ambos sectores.

En el balance inicial que hizo el Gobierno del resultado de la huelga de la GCT, quedó en limpio que para la Casa Rosada se trató de “una movida política” de “extrema debilidad” sustentada con “ataques mafiosos”. Ese fue el resumen que informó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich como el vocero presidencial en la evaluación oficial del paro.

Desde el Gobierno dijeron que se buscará identificar a los “gremios extorsionadores”. Esta estrategia apunta a evitar que haya un escrache la semana que viene, de los sindicalistas opositores, contra los senadores de la UCR, el PRO o LLA que avalan la ley Bases.

Karina Milei, recibió a los diputados del PRO junto con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Allí se habló de los pasos a seguir después de la aprobación de la Ley Bases y quedó como eje de consenso avanzar con el paquete de “Leyes Anti casta” que anunció Milei en la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso.

Entre las medidas propuestas para aprobar, en lo inmediato, figura la obligatoriedad de los sindicatos de elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas.

 También se mencionó la idea de reflotar el proyecto de ley de sancionar los bloqueos sindicales a empresas con mayor rigurosidad y la incorporación de una ley tendiente a eliminar el aporte solidario sindical que fue desplazado del proyecto de reforma laboral original en el debate de la ley Bases en Diputados. Los diputados del PRO coincidieron con el Gobierno en avanzar en este plano.

En la Casa Rosada aseguran que no habrá diálogo con los gremialistas que están en pie de guerra con el gobierno. Pero aclaran que “no todos los sindicalistas son iguales”. También hay posturas intermedias como las de Guillermo Francos, Posse o el secretario de Trabajo, Julio Cordero que creen que el diálogo no se debe cortar totalmente ni siquiera con los duros de la CGT.

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