A la redacción de SIN CODIGO llegan numerosas denuncias que exponen una alarmante vulnerabilidad: robos sofisticados, sin violencia física, cometidos en total ausencia de los dueños y que dejan al descubierto las enormes fallas de la seguridad privada y la impotencia legal de los damnificados
Por la Redacción de SIN CODIGO
El crecimiento de los barrios privados en la provincia se vende como la promesa definitiva de tranquilidad y resguardo. Sin embargo, la realidad puertas adentro de estos complejos habitacionales parece estar transformándose en una pesadilla silenciosa para los propietarios.
El caso de “Los Labradores II”: Un botín millonario sin una sola puerta forzada
El último hecho que encendió las alarmas ocurrió el pasado lunes 29 de junio en el Country Los Labradores II, ubicado en la localidad de Los Nogales, Tafí Viejo. La denuncia policial, radicada de forma digital en la Comisaría de Los Nogales, detalla un modus operandi que se repite de manera casi idéntica en distintos puntos de Tucumán.
Según el sumario judicial, el propietario damnificado, G. A. M., regresó a su vivienda alrededor de las 20:35 tras su jornada laboral. Al subir a la planta alta, descubrió su habitación completamente revuelta: cajones de la mesita de luz y del guardarropa tirados por el suelo. La sorpresa se transformó en indignación al constatar que los delincuentes habían ido directo a sus ahorros, sustrayendo la suma de 5.000 dólares y 2.000.000 de pesos en efectivo.
Lo desconcertante del caso —y lo que genera mayor sospecha— son las condiciones en las que se perpetró el hurto. Sin daños materiales: No se detectó ninguna puerta ni ventana violentada en la propiedad.
El “silencio” de la seguridad: El can de la víctima, un perro de gran tamaño, no reaccionó en ningún momento.
Falta de monitoreo: Al ser un barrio en desarrollo con pocas viviendas construidas, el country solo cuenta con cámaras de seguridad en la portería de acceso, dejando zonas ciegas en el perímetro interior.
Para sumar gravedad a la situación, SIN CODIGO pudo saber que este no fue un hecho aislado dentro del mismo predio. Otro vecino del mismo country también sufrió un robo en su vivienda, confirmando que los delincuentes actúan con total impunidad y conocimiento del terreno.
Sospechas sobre la seguridad privada y el vacío regulatorio
Este tipo de episodios “invisibles” y sin explicación lógica vuelve a poner el foco sobre las empresas de seguridad privada contratadas por las administraciones. Las sospechas vecinales apuntan de manera recurrente hacia el personal interno o los encargados de la vigilancia.
El problema de fondo radica en la falta de control riguroso: muchas de estas empresas incorporan personal de manera precarizada, sin saber exactamente cuáles son los requisitos psicofísicos, de antecedentes o de capacitación que se les solicitan. La idoneidad de quienes deben cuidar la vida y los bienes de las familias está bajo un manto de duda generalizado.
El desamparo del propietario: Presos de un reglamento
La paradoja de vivir en un barrio cerrado en Tucumán se vuelve crítica a la hora de sufrir un delito. Los propietarios descubren que los countries no son una garantía de seguridad, pero al mismo tiempo se encuentran atados de pies y manos por las normativas internas del propio complejo.
Los reglamentos de copropiedad impiden que un vecino pueda asumir de manera autónoma su propia seguridad perimetral o tomar medidas drásticas por fuera de lo que decide la administración. Cuando el robo se consuma, los damnificados chocan contra un muro de burocracia y la imposibilidad fáctica de iniciar acciones legales efectivas contra el consorcio o la empresa de seguridad, que suelen desligarse de responsabilidades mediante contratos abusivos.
Incluso en aquellos casos donde las autoridades del country reaccionaron rescindiendo el contrato y cambiando de empresa de seguridad privada, la medida demostró ser ineficaz, ya que los robos continuaron sucediéndose bajo las nuevas gestiones.
Un llamado urgente a las autoridades
Ante el auge inmobiliario y la proliferación de barrios cerrados en todo el territorio tucumano, resulta indispensable que las autoridades gubernamentales y los organismos de control pertinentes pongan el foco en la urgente reglamentación y fiscalización de la seguridad en los countries.
No se puede seguir permitiendo que los ciudadanos paguen expensas de un servicio que no los protege, quedando en un absoluto estado de indefensión frente a un negocio que crece, pero que ante el delito, prefiere mirar para otro lado.
