Tras ocho meses de escuchas de la AFI, Gendarmería montó una trampa con “billetes marcados” en el Puesto 7 de Abril. Hay siete uniformados y dos coordinadores civiles involucrados
Un escándalo sacude a la Policía Federal con asiento en Tucumán. En un imponente operativo ejecutado durante la madrugada de ayer, siete efectivos policiales y dos civiles fueron detenidos, acusados de integrar una banda criminal que cobraba coimas millonarias a tours de compras para permitir el libre ingreso de contrabando. El procedimiento, bautizado como “Operación Prisma”, concluyó con el secuestro de más de $8.000.000 en efectivo e importantes elementos de prueba.
Las redadas fueron requeridas por el Fiscal Federal Pedro Simón, ordenadas por el Juez Sebastián Argibay y ejecutadas por detectives de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Santiago del Estero” de Gendarmería Nacional. El epicentro de las detenciones fue el puesto de control caminero ubicado en el paraje 7 de Abril, sobre la Ruta Nacional 34, en el límite interprovincial.
La investigación penal se extendió de manera silenciosa durante ocho meses. A través de intervenciones telefónicas coordinadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), los detectives descubrieron que diferentes colectivos repletos de mercadería ilegal unían la ciudad de Orán (Salta) con Buenos Aires abonando “peajes” fijos a los uniformados tucumanos encargados del control.
Con la certeza de la maniobra delictiva, Gendarmería solicitó fondos específicos al Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva, para aplicar técnicas especiales de investigación. La estrategia consistió en marcar los billetes en Buenos Aires. Agentes encubiertos se hicieron pasar por transportistas, llegaron al puesto de control de la localidad 7 de Abril y le entregaron el dinero marcado a los federales, quienes ignoraban por completo que sus movimientos eran grabados y monitoreados en tiempo real.
A las 5:00 de la madrugada, las fuerzas federales de apoyo cercaron el puesto. Además de los fajos de dinero en efectivo, a los acusados se les secuestraron ocho teléfonos celulares y cuadernos con anotaciones donde registraban los montos de las coimas que luego se dividían, presuntamente, con altos mandos de la fuerza. El grupo delictivo estaba liderado por una mujer con rango de Oficial Inspector y seis suboficiales de la División Operativa de Tucumán.
La organización criminal tenía una escala de valores perfectamente pautada y aceitada que operaba, al menos, desde fines de 2025. Los transportistas ya sabían de antemano el precio estipulado por los policías de la Ruta 34 para hacer la “vista gorda”.
El facturero ilegal del norte argentino también arrastró a dos coordinadores civiles de los tours, quienes actuaban como nexos logísticos entre los comerciantes de indumentaria y los policías uniformados. Uno de ellos fue arrestado en la localidad de Ceres (Santa Fe) y el otro en la ciudad de Fernández (Santiago del Estero).
La causa judicial fue caratulada bajo los delitos de “cohecho activo, cohecho pasivo y encubrimiento de contrabando”. Los siete efectivos policiales tucumanos permanecen incomunicados y alojados en una base militar de Gendarmería, bajo un estricto hermetismo. Las autoridades judiciales no descartan ordenar en las próximas horas una serie de exhortos para realizar allanamientos en los domicilios particulares de los implicados en la provincia de Tucumán, buscando ramificaciones de una red delictiva que promete generar nuevos detenidos durante el transcurso de la semana.
