El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, se refirió este lunes a la desvinculación de una empleada que prestaba funciones en un bloque de la Legislatura y cuyo nombre trascendió de manera indirecta en el marco de la investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína ocurrido semanas atrás en Famaillá.
En diálogo con la prensa, Acevedo aclaró que la mujer no integraba la planta permanente de la Legislatura, sino que cumplía tareas como personal de un bloque político, el cual decidió poner fin a su relación laboral apenas se conoció el caso.
“Era personal de bloque. Ese bloque decidió la separación en ese mismo instante. Nosotros normalmente somos respetuosos de la Justicia y de los pasos que debe dar, pero en esta oportunidad el bloque resolvió que esta empleada ya no trabajara más con ellos. Respeto la decisión que han tomado”, afirmó el vicegobernador.
Acevedo remarcó que la investigación debe seguir su curso en el ámbito judicial y sostuvo que la rápida decisión adoptada buscó preservar la institucionalidad del Poder Legislativo.
“Creo que esto no afecta a la Legislatura”, sostuvo, al tiempo que explicó que el único vínculo conocido de la mujer con la causa es su relación de pareja con uno de los imputados. “Será la Justicia la que determine si existe algún tipo de responsabilidad”, agregó.
El presidente de la Cámara reiteró que la empleada no figura imputada ni mencionada formalmente en el expediente judicial y enfatizó que su desvinculación fue una medida administrativa tomada por el bloque al que pertenecía.
Cómo surgió el vínculo
La semana pasada trascendió que uno de los detenidos mantenía una relación con una trabajadora de la Legislatura. Según distintas versiones, Acevedo habría consultado a una legisladora sobre esa información y, tras confirmarse el vínculo, se resolvió su desvinculación.
Hasta el momento, la mujer no fue involucrada formalmente en la investigación. Se trata, sin embargo, del segundo nexo con el ámbito político que aparece alrededor de la causa. El primero fue la confirmación de que Rodrigo “Icha” Chávez, uno de los detenidos, había sido candidato a concejal por el Movimiento de Unidad Popular.
Los principales investigados
La investigación por el cargamento de 470 kilos de cocaína tiene a varios imputados bajo la lupa de la Justicia.
Marcos Nacif fue detenido mientras transportaba la droga en una camioneta Toyota Hilux. En su declaración aseguró que Pablo Abraham Pérez lo había contratado para trasladar bidones con combustible hasta la zona de Chicligasta, donde otras personas recibirían la carga.
Rodrigo “Icha” Chávez, señalado como propietario de la camioneta utilizada para el transporte de la droga, declaró que había entregado el vehículo como parte de pago de una operación comercial quince días antes del procedimiento.
Pablo Abraham Pérez, empresario vinculado al rubro nocturno en Famaillá y a la compra y venta de vehículos, se presentó ante la Justicia luego de conocerse una orden de detención en su contra. Los investigadores sostienen que habría dejado estacionada la camioneta que posteriormente fue utilizada para el traslado del estupefaciente.
Matías Díaz, comerciante dedicado a la compraventa de automóviles usados, también es investigado tras comprobarse que mantuvo reuniones con Abraham Pérez antes del operativo. La pesquisa además se extendió sobre bienes registrados a nombre de su esposa.
Enrique Santos Catulo, condenado anteriormente en la causa del clan Ale por integrar una asociación ilícita, fue detenido luego de que se confirmara un encuentro con Abraham Pérez en una estación de servicio. Según su versión, la reunión tenía como objetivo cobrar una deuda derivada de la venta de un vehículo.
Por último, Fernando Catulo Chamas, hijo de Enrique Santos Catulo, también es investigado. Los pesquisas consideran que su testimonio podría aportar datos clave para reconstruir los movimientos previos al secuestro del cargamento de cocaína.
