Durante la sesión de transición de autoridades del CUEDyCS, la Comisión Directiva desaprobó la gestión financiera de la agrupación Franja Morada. Denuncian el uso unilateral de recursos y facturas emitidas de manera irregular a nombre de la Universidad Nacional de Tucumán por más de $1.100.000
La tensión política y académica en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sumó un capítulo crítico tras la reciente Sesión de Transición de Autoridades de la Comisión Directiva del Centro Único de Estudiantes (CUEDyCS). Lo que debía ser un traspaso administrativo ordinario derivó en un fuerte cruce institucional: la conducción del Centro resolvió por mayoría desaprobar y rechazar de manera categórica el Balance Económico Anual presentado por la secretaria de Finanzas saliente, Lourdes Chávez, referente de la agrupación Franja Morada.
La resolución se fundamenta en el hallazgo de severas inconsistencias financieras, la ausencia sistemática de rendiciones mensuales y, de manera central, la ejecución unilateral de fondos estudiantiles sin la debida autorización ni la firma de la Presidencia del Centro de Estudiantes.
Las pruebas de la polémica: Facturas duplicadas a nombre de la UNT.
El foco del conflicto radica en el destino y la justificación de una suma que asciende a $1.104.685. De acuerdo con la documentación y los libros contables exhibidos, la Secretaría de Finanzas registró dos salidas de dinero bajo el concepto de “Becas de Códigos” (destinadas a material de estudio para los alumnos):
1. Octubre de 2025: Una erogación de $419.020.
2. Abril de 2026: Una erogación de $685.665.
Sin embargo, la polémica estalló al auditar los comprobantes fiscales presentados para rendir dichas salidas. Ambas facturas originales (del proveedor Planetario S.R.L.) no fueron emitidas a nombre del Centro de Estudiantes —entidad civil y autónoma que ejecutó el gasto— sino que llevan el nombre, dirección y el CUIT oficial de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Esta maniobra encendió las alarmas de las autoridades estudiantiles por configurar una grave desprolijidad administrativa y fiscal, ya que se habrían rendido fondos de la caja propia del alumnado mediante comprobantes dirigidos a la estructura rectoral de la universidad. Al ser consultada sobre este mecanismo, la exsecretaria de finanzas, Lourdes Chávez, adujo que se trató de un “error propio”, justificación que resultó insuficiente para el cuerpo directivo.
Auditoría en puerta y el compromiso con la transparencia
Desde la conducción del Centro de Estudiantes manifestaron que los recursos y la confianza de los alumnos “no se negocian” y que se defenderá firmemente el resguardo patrimonial de la institución. Tras la rotura de los canales administrativos por parte de la gestión financiera saliente, las nuevas autoridades del período 2026-2027 anunciaron los pasos a seguir de manera inmediata: “A partir de este momento, la nueva conducción asume el compromiso no solo de gestionar con las puertas abiertas, sino de iniciar una auditoría contable profunda para garantizar que cada peso de los estudiantes vuelva en servicios, apuntes y bienestar estudiantil”.
El rechazo de este balance abre un escenario de fuerte incertidumbre política dentro de la Facultad de Derecho, donde no se descarta que los resultados de la auditoría contable deriven en presentaciones ante los órganos de control universitarios o en la justicia ordinaria si se constatan desvíos o malversación de fondos públicos estudiantiles.
