A pesar de los intentos del oficialismo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán de desmarcar la denuncia tildándola de maniobra política, la edil opositora llevó las sospechas de irregularidades en contrataciones directas ante el Ministerio Público Fiscal, exigiendo que se investigue a fondo a cinco altos funcionarios clave de la gestión de Rossana Chahla
Lejos de quedarse en el terreno de la pirotecnia verbal o en una simple declaración mediática para captar la atención de los flashes, la concejal de San Miguel de Tucumán, Ana González (PJS), decidió cruzar el Rubicón institucional y formalizar una grave denuncia penal ante la Justicia.
El foco de la acusación apunta directo al corazón de la Administración Municipal liderada por la intendente Rossana Chahla, señalando presuntas irregularidades en una docena de contrataciones directas que alcanzan la millonaria suma de $2.700 millones de pesos.
Desde el Ejecutivo Municipal la reacción no se hizo esperar: intentaron bajarle el precio a la presentación tildando a González de “oportunista” y acusándola de buscar “daño político” para desestabilizar la gestión. Sin embargo, la concejal se ha mostrado firme en su postura, manifestando que su único fin es que la sociedad tucumana llegue a la verdad sobre el uso de los fondos públicos. “El que cree que todos son de su condición, se equivoca”, parecen responder desde el entorno de la edil, decidida a que la causa avance en los tribunales. (Chahla, luego de la denuncia había manifestado que “Todo ladrón creen que son de su condición” en clara referencia a González)
Los funcionarios en la mira
La denuncia no es genérica, sino que identifica con nombre y apellido a cinco de las máximas figuras del Gabinete capitalino, quienes habrían avalado y firmado los cuestionados mecanismos de contratación eludiendo las licitaciones públicas:
1 Rodrigo Gómez Tortosa (Secretario General)
2 Camila Giuliano (Secretaria de Gobierno)
3 Sebastián Ruiz Toscano (Secretario de Economía y Hacienda)
4 Luciano Chincarini (Secretario de Servicios Públicos)
5 Marcelo Albaca (Contador General)
El núcleo de la denuncia: ¿Urgencia real o licitaciones eludidas?
El argumento central de González radica en que el Municipio utilizó sistemáticamente la figura de la “necesidad y urgencia” o la “emergencia ambiental” como un paraguas legal estandarizado para adjudicar de forma directa contratos que, por su naturaleza, debieron haber pasado por un transparente proceso de licitación pública.
Los 12 contratos puestos bajó la lupa judicial se dividen principalmente en tres áreas:
- Paradas de colectivos y refugios bajo sospecha: Uno de los puntos más polémicos involucra a la firma “Atres Impresiones S.A.”. Según la denuncia, a principios de 2025 se le adjudicó de forma directa la fabricación de 40 paradas de colectivos por $398 millones (unos $9 millones por unidad), y en diciembre se sumaron 20 refugios más por $252 millones (escalando a $12 millones por unidad). Además, se cuestiona un contrato previo de 2024 para tres refugios multimedia por $68 millones, donde González asegura que existió un sobreprecio de más de $10 millones respecto a opciones similares del mercado. Para la concejal, es “jurídicamente insostenible” argumentar que la compra responde a una urgencia imprevista cuando, al mismo tiempo, el Municipio lo promociona como parte de un “plan integral y programado de movilidad urbana”.
- Tótems y tecnología bajo la lupa: La denuncia cuestiona la contratación de la empresa “Providers S.A.” por $398 millones para adquirir 165 kits de monitoreo de transporte, argumentando que se justificó la contratación directa por los extensos plazos de logística de bienes importados, algo que debió preverse. Asimismo, se señala a “Esca Construcciones S.R.L.” por la provisión de 14 tótems interactivos para el Vía Crucis por $141 millones, operación en la cual se habría otorgado un inusual anticipo del 70% antes de la entrega de los dispositivos, sumado a presuntos sobreprecios.
- Servicios ambientales y cooperativas “flojas de papeles”: En el marco de la emergencia ambiental, la edil detectó anomalías en contratos con cooperativas y particulares para tareas de limpieza y eco-canjes. Por ejemplo, a la cooperativa “Juntos para Vivir Mejor” se le otorgó un contrato de $50 millones por tres meses para el armado de stands y promoción, a pesar de que no habría estado inscripta en el Registro de Proveedores al momento de la firma ni contaba con antecedentes técnicos. En otros casos, que involucran a cooperativas como “Profeta Isaías”, “Remacoop”, “Constutuc” y “Proyectar Futuro”, o a los particulares Alberto Obeid e Ivana Longhino, se denuncian irregularidades fiscales, creación sospechosamente contemporánea a los contratos y superposición territorial de tareas.
La búsqueda de la verdad por encima del barro político
Mientras el oficialismo Municipal se defiende contraatacando en los medios y reduciendo la denuncia a una mera “chicana de la oposición” (enmarcada en el origen alfarista de González), la presentación judicial penal cambia las reglas del juego.
La concejal Ana González ha dejado en claro que las herramientas de control legislativo deben ejercerse con rigurosidad y que el destino de $2.700 millones de los contribuyentes no puede ampararse en decretos de emergencia dudosos. Ahora, con las cartas sobre la mesa de la Justicia, la investigación penal determinará si la gestión de Chahla actuó bajo la legalidad o si, detrás de la “urgencia”, se escondía un mecanismo para favorecer a proveedores selectos.
González ya hizo su parte: transformó el discurso político en un expediente judicial que el Municipio ya no puede ignorar.
