Avanza en el Senado la ampliación de dos cámaras federales en el interior del país: Tucumán y Mar del Plata
El debate por la reforma judicial, impulsada por el Gobierno Nacional, comenzó a avanzar en el Senado y uno de los focos del proyecto vuelve a poner a Tucumán en un lugar clave dentro del mapa judicial del Norte argentino. La iniciativa contempla la ampliación de cámaras federales en el interior del país, entre ellas modificaciones que impactarán en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, una estructura estratégica para causas federales vinculadas a narcotráfico, contrabando, delitos complejos y seguridad regional.
La discusión no es menor. La Cámara Federal tucumana tiene peso institucional porque su jurisdicción abarca expedientes sensibles del NOA y funciona como un eslabón determinante en la revisión de decisiones judiciales de primera instancia. La ampliación apunta a reforzar la capacidad operativa y descomprimir un sistema que desde hace años arrastra demoras y una fuerte sobrecarga de causas. En ese contexto, Tucumán aparece como una de las provincias que podrían ganar mayor protagonismo en la estructura federal.
Pero el debate judicial tuvo también una fuerte derivación política. Durante la discusión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la estrategia de seguridad aplicada en el Norte del país y destacó el trabajo articulado con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Ese respaldo no pasó inadvertido: en medio de tensiones políticas y diferencias partidarias, Bullrich valoró la cooperación provincial en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el fortalecimiento del control territorial.
La señal política también deja lectura local. Mientras la Nación impulsa una reforma para fortalecer la Justicia Federal, Tucumán aparece como una provincia donde la seguridad y la estructura judicial comienzan a entrelazarse cada vez más. El aval de Bullrich a Jaldo no solo reconoce una política puntual, sino que también expone que, cuando se trata de seguridad, la Casa Rosada busca sostener puentes incluso con gobernadores de otro signo político.
Si el proyecto obtiene respaldo legislativo, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán podría convertirse en una pieza aún más determinante dentro del esquema judicial del Norte argentino, consolidando a la provincia no solo como actor político regional, sino también como eje institucional en la Administración de Justicia Federal.
