La Justicia imputó a Matías Díaz Vier y a Anabel García por 12 hechos de estafa vinculados a operaciones con vehículos desde la concesionaria DG Automotores. El perjuicio económico supera los $175 millones y hay un tercer sospechoso prófugo
La Justicia provincial avanzó con la investigación por presuntas estafas millonarias vinculadas a operaciones de compraventa de vehículos, realizadas desde una concesionaria de Yerba Buena.
En una audiencia de control de detenciones y formulación de cargos, se dispuso la prisión preventiva por seis meses para dos de los principales acusados en el marco de la causa.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, a cargo del Fiscal Fernando Blanno. En la audiencia, el Ministerio Fiscal imputó a Matías José Díaz Vier, de 40 años, y a su esposa Anabel García, de 37, por la presunta comisión del delito de estafas reiteradas en 12 oportunidades, en perjuicio de doce víctimas.
Además, se dictó la orden de captura de Javier Alejandro Goitea, el tercer imputado en la causa, que está prófugo de la justicia.
El Juez interviniente hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó que Díaz Vier permanezca detenido en la cárcel, mientras que García cumplirá arresto domiciliario con tobillera electrónica, debido a que tiene tres hijos menores de edad a su cargo. También, se dispuso la declaración de rebeldía y orden de captura para Goitea.
La investigación se centra en las operaciones realizadas desde la concesionaria DG Automotores o DG Cars, ubicada sobre Avenida Solano Vera 950, en Yerba Buena, señalada como el eje de múltiples maniobras fraudulentas denunciadas por clientes.
Según la acusación Fiscal, los imputados habrían montado un esquema delictivo bajo la apariencia de una concesionaria formal, mediante el cual simulaban operaciones legítimas de compraventa de vehículos.
De acuerdo con la investigación, ofrecían autos en venta, recibían rodados en consignación o como parte de pago y percibían importantes sumas de dinero que luego no eran restituidas, incumpliendo deliberadamente los compromisos asumidos.
Entre las maniobras detectadas figuran la entrega de pequeños adelantos para generar confianza, la utilización de terceros, la simulación de créditos prendarios inexistentes, la emisión de comprobantes falsos y la transferencia de vehículos sin autorización de sus propietarios.
Como consecuencia, varias víctimas no sólo perdieron el dinero entregado para concretar las operaciones, sino también sus vehículos o quedaron comprometidas con deudas derivadas de créditos asociados a transacciones fraudulentas. El perjuicio económico total estimado por la fiscalía asciende a $175.610.000.
