El cuestionamiento principal es que un organismo pensado para defender a la ciudadanía frente al poder político sea conducido por alguien elegido precisamente por ese mismo poder
Por Facundo Vergara
La reciente designación de Agustín Fernández como Defensor del Pueblo de Tucumán abrió, una vez más -como en cada oportunidad que hubo que designar al titular de tan importante ente de defensa ciudadana-, el debate que atraviesa a muchas instituciones de control en nuestra provincia.
El cuestionamiento principal es que un organismo, pensado para defender a la ciudadanía frente al poder político, sea conducido por alguien elegido precisamente por ese mismo poder.
Ya antes de que finalizara el proceso de presentación de postulantes al cargo, en el mundillo legislativo y en los pasillos de Casa de Gobierno, se hablaba de la inminente designación de Fernández. De nada sirvió que se hayan presentado 45 aspirantes. Así las cosas, y de acuerdo a las pautas establecidas en la Constitución de la provincia, y la Ley N°6.644, la Legislatura eligió al ex intendente de Aguilares en una sesión especial que duró menos de una hora, obteniendo 38 votos a favor sobre 48 legisladores presentes, con el respaldo del bloque oficialista y el aval político del gobernador Osvaldo Jaldo.
Desde lo formal, el procedimiento fue correcto. La Ley establece que la Legislatura elige al Defensor del Pueblo a partir de una terna de candidatos. Pero lo formal no siempre coincide con lo que demanda la ciudadanía, y en este caso, el resultado volvió a mostrar un problema estructural: la politización de una institución que debería actuar como contrapeso del poder político.
Un rol desdibujado
El Defensor del Pueblo es una figura institucional diseñada para cumplir una función muy específica: proteger a los ciudadanos frente a abusos o fallas del Estado. Su tarea consiste en intervenir cuando hay vulneración de derechos, problemas con servicios públicos o decisiones administrativas injustas. Por definición, la Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal e independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad –según lo establece el Art. 81 de la Constitución de Tucumán- es decir, es un órgano de control del poder, no un órgano del poder. Siguiendo esta línea, cuando la persona que ocupa tal cargo es elegida por la mayoría política del momento, el problema aparece de inmediato, no necesariamente porque el funcionario vaya a actuar de manera partidaria, sino porque la independencia institucional queda condicionada desde el origen mismo de su designación.
La elección de Fernández lo muestra con claridad. Su trayectoria política -ex intendente de la ciudad de Aguilares durante tres mandatos y ex diputado nacional (PJ)- y su alineamiento con el oficialismo, fueron factores decisivos para su llegada al cargo. Así las cosas, cuando el poder político designa a quien debe controlarlo, el diseño institucional entra en tensión.
La Defensoría del Pueblo nació con una lógica clara: ofrecer a los ciudadanos una vía accesible para defender sus derechos frente al Estado. Esto quedó desdibujado. En tal contexto, distintos referentes políticos opositores al Gobierno se hicieron eco de lo acontecido, tal como fue el caso del presidente de La Libertad Avanza de Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, quien expresó en su cuenta de X: “Desde La Libertad Avanza proponemos eliminar de raíz la Defensoría del Pueblo y reemplazarla por un organismo ágil, con no más de 20, 30 o 40 empleados, profesionales, independientes que realmente le resuelva los problemas a los tucumanos”. Tal vez la eliminación de raíz que propone Catalán sea una solución, siempre y cuando la institución que la reemplace sea un ente que se aleje de la funcionalidad al poder de turno y se acerque a la ciudadanía.
El mecanismo para cualquier modificación –que implicaría una reforma constitucional y de normativas específicas- hoy en Tucumán resulta en una misión “casi” imposible. Hoy no existe voluntad política desde el oficialismo para hacerlo.
Por su parte, la ex diputada nacional y referente del espacio CREO, Paula Omodeo, también cuestionó severamente el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo: “Un organismo creado para defender derechos terminó convertido en otra estructura política carísima. Y esa cuenta, como siempre, la pagan los tucumanos”, expresó en su cuenta de X. Según la dirigente política, la Defensoría gastó $9.300 millones por año, tiene 486 cargos y además cientos de contratados.
El problema no es la persona, es el mecanismo. Reducir el debate a si el nuevo defensor es o no adecuado sería un error. La discusión importante no es personal, sino institucional. Mientras el defensor del pueblo sea elegido exclusivamente por una mayoría legislativa, la sospecha de politización será inevitable. No importa qué partido gobierne ni quién ocupe el cargo. El diseño mismo del sistema es el que genera la desconfianza.
Por eso, el debate debería girar en torno al interrogante de si es razonable que una institución que representa a los ciudadanos, frente al Estado, sea designada exclusivamente por actores políticos.
Una alternativa: un jurado ciudadano
Si el objetivo es garantizar independencia, tal vez haya que pensar mecanismos más innovadores. Como se dijo anteriormente, hoy en Tucumán es una misión “casi” imposible, pero la esperanza es lo último que se pierde.
Con el objetivo de despolitizar la decisión y trasladar la legitimidad del cargo desde la clase política hacia la ciudadanía, una alternativa interesante sería incorporar la participación directa de la ciudadanía en el proceso de selección, mediante un jurado cívico convocado específicamente para evaluar a los candidatos, similar al sistema de jurados judiciales. Ese jurado podría estar integrado por ciudadanos de distintos departamentos de la provincia, seleccionados aleatoriamente del padrón electoral y acompañados por especialistas que asesoren el proceso (convocatoria pública de postulantes; evaluación técnica de antecedentes; audiencias públicas abiertas; selección final realizada por un jurado ciudadano sorteado). Un sistema de tales características no busca eliminar al sistema político del proceso, sino de equilibrarlo con participación ciudadana.
Mal de muchos…
No se trata solo de Tucumán. En muchas provincias argentinas ocurren situaciones similares. Los organismos que deberían actuar como contrapesos institucionales terminan integrados al mismo sistema político que deben supervisar; es un problema frecuente en distintas jurisdicciones, donde las mayorías legislativas designan al defensor, articulan negociaciones partidarias detrás del cargo y promueven perfiles políticos que llegan a instituciones que deberían ser técnicamente independientes. Así, cada designación abre la misma discusión sobre la legitimidad, independencia y credibilidad.
La Defensoría del Pueblo debería ser una de las herramientas más potentes de protección ciudadana. Pero para que eso ocurra, su conducción debe surgir de un proceso que inspire confianza. Si el Defensor del Pueblo está para defender a la ciudadanía del poder, ¿por qué el poder decide quién ocupa ese cargo? Tal vez, sea hora de que esa decisión empiece a pertenecer, al menos en parte, a los propios ciudadanos, y que sus demandas sociales sean escuchadas.
