Por ejemplo, a una mujer se le otorgó la pensión por la amputación de un brazo, pero el diagnóstico médico era falso
El Gobierno Nacional denunció, este martes, que que en el Chaco más del 60% de los auditados incumplía con los requisitos para cobrar una pensión no contributiva por invalidez laboral. Las auditorías sobre los más de 1.250.000 beneficiarios son realizadas por Agencia Nacional de Discapacidad, a cargo de Diego Spagnuolo. Actualmente, se realizan operativos en varias localidades de la provincia gobernada por Leandro Zdero; sin embargo, las que están bajo la lupa fueron otorgadas durante la gestión del ex mandatario provincial, el kirchnerista Jorge Capitanich.
Durante estos operativos, se notificó y citó a un total de 2.689 beneficiarios, de los cuales 2.344 (un 87.17%) asistieron a la convocatoria. Los resultados de las auditorías han sido reveladores: de los auditados, únicamente 365 (equivalente al 13.58%) han resultado favorables; es decir que han cumplido los requisitos para continuar recibiendo el beneficio.
Otros 1.796 (66.79%) resultaron desfavorables al no cumplir con las exigencias necesarias para mantener la pensión no contributiva por invalidez laboral, por lo cual “serán dados de baja”, según adelantaron funcionarios de la cartera Salud que está a cargo de Mario Iván Lugones. Por su parte, otros 345 beneficiarios (un 12.83%) no se presentaron a la auditoría. Además, 183 casos (un 6.81%) se encuentran actualmente en “fiscalización médica”.
Casos Impactantes
Los resultados de las auditorías, pero sobre todas las chaqueñas, a la que aludió el vocero presidencial Manuel Adorni resultan impactantes. Por ejemplo:
- Beneficiaria con Amputación Falsa: Una mujer se presentó para ser auditada y seguir cobrando el beneficio el cual había sido otorgada por una supuesta amputación del brazo derecho. Sin embargo, la mujer estaba en perfecto estado de salud y no había perdido ningún miembro.
- Diagnósticos Confusos: Muchos beneficiarios ofrecieron respuestas contradictorias sobre sus condiciones de salud. Por ejemplo, una persona alegaba tener hipertensión, mientras que el Cuerpo Médico de Evaluación (CMO) registraba diabetes. Este patrón se repitió en múltiples casos, revelando una falta de coherencia en los diagnósticos.
- Pensión por Cáncer de Mama Inexistente: Un caso particularmente alarmante involucró a una mujer que recibió una pensión por cáncer de mama, a pesar de nunca haber sido diagnosticada con esta enfermedad. Además, la beneficiaria confesó no haber realizado nunca una mamografía.
- Pensión por Pie Plano: En otro caso, una niña fue beneficiaria de una pensión debido a un diagnóstico de pie plano, “lo que genera dudas sobre la rigurosidad de los criterios utilizados para otorgar estas pensiones”, según la interpretación de los funcionarios de la ANDIS.
- Confesión de Fraude: Una mujer admitió durante la auditoría que no padecía ninguna enfermedad y que su pensión fue gestionada por su empleadora con el fin de evitar el pago de su salario.
Estas auditorías tenían como objetivo fundamental “garantizar el correcto uso de los recursos destinados a las personas que realmente requieren este apoyo económico, y para devolverle el dinero a los contribuyentes”.
Las investigaciones revelan un aceitado esquema de corrupción que involucra a médicos, gestores y funcionarios; y la displicencia con la que se otorgaban estos beneficios a quienes no lo necesitaban en desmedro de personas que durante años han intentado obtener la subvención.
Un informe de la ANDIS -Agencia Nacional de Discapacidad- afirma que durante la gestión de Alberto Fernández “El desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”. El dolo por estas maniobras fueron estimadas en uno “3.400 millones de dólares anuales”; y explican que la red corrupta solo podría haber funcionado porque: “No había controles médicos en la ANDIS. Se aprobaban los expedientes sin una auditoría médica”.
